lunes, 29 de junio de 2009

HONDURAS: ¿GOLPE O LEGALIDAD?

Golpe de estado es la violación del mecanismo que la legitimidad establecida fija para el acceso al poder ejecutivo en un Estado.
En el Estado de Honduras, lo mismo que en otros regímenes de democracia parlamentaria, se establece la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, independientes entre sí y cada uno de ellos con competencias y atribuciones marcadas por la ley, por la Constitución.
¿Por qué, se han apresurado en calificar de golpe de Estado lo que la madrugada del domingo ocurrió en Honduras? Puede que el calificativo sea acertado y puede que no lo sea:
Hechos:
1.- El Presidente Manuel Zelaya, cuyo mandato político terminaba el año que viene, anuncia, propone y organiza una consulta, referendum o encuesta que, si fuera aprobada, le hubiera permitido aspirar a mantenerse en el poder mediante reelecciones sucesivas.
2.-La Corte Suprema de Justicia, en el ejercicio de sus funciones, declara la ilegalidad de la consulta impulsada por el Gobierno, que desatiende la prohibición del Tribunal Supremo hondureño y mantiene la consulta para la fecha fijada, el domingo.
3.-El Ministerio Fiscal solicita el viernes al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que ordene a las Fuerzas Armadas que, ante la desobediencia del Ejecutivo, impidan todas las actividades encaminadas a la celebración del referendum.
Esos son los hechos, que siembran la duda sobre si era el poder ejecutivo el que se proponía un golpe de estado, o fue víctima del golpe. Por lo menos, no está claro.
Seguramente los militares se extralimitaron como agentes de la Justicia porque detuvieron al Presidente y, a la fuerza, lo sacaron del país.
La elección de su sucesor también se llevó a cabo, al menos de manera formal, según las leyes: se leyó una carta de renuncia que se aceptó como legítima y, por unanimidad de los diputados, incluyendo los del Partido Liberal de Zelaya, se eligió nuevo Presidente, que prometió la celebración de elecciones en la fecha prevista, el año que viene.
Una pregunta insidiosa: ¿Hay que respetar escrupulosamente las leyes siempre, o solamente cuando no perjudiquen la implantación de un régimen populista y demagógicamente progresista?