viernes, 13 de noviembre de 2009

EL CONVENIENTE FRAUDE DEL PARO

Se escandalizan porque la Junta de Andalucía declara ocupados a 200.000 inscritos en cursos de capacitación profesional y no les importa que, en cuanto reciben el certificado de inscripción que les permite cobrar el subsidio de desempleo, trabajen clandestinamente en chapuzas.
Lo de los falsos empleados es un escándalo, pero no más estrepitoso que el del número de andaluces que obtienen ingresos por trabajos no declarados a la Seguridad Social.
En el fraude del paro y del subsidio por desempleo son tan culpables los trabajadores como los empresarios. Como Sor Juana Inés de la Cruz dijo de la prostitución, unas “ pecan por la paga y otros pagan por pecar”.
La prostitución del desempleo es ya una pandemia en Andalucía. Unicaja pronosticaba en Julio que, a finales de éste año, habrá en Andalucía 1.200.000 parados, y algo menos de 3.100.000 andaluces trabajando. Uno de cada tres andaluces en edad laboral estará en paro.
Eso es lo que se lee, porque lo que se percibe viviendo aquí es diferente. Te topas con más personas cobrando por trabajar que sobreviviendo del subsidio por no encontrar empleo.
Abundan en Andalucía los trabajadores con síndrome demonopático, que evidencian su doble personalidad como parados oficiales subsidiados y como empleados clandestinos asalariados.
La hija psicóloga de un amigo mío imparte clases en Sevilla en una empresa a los inscritos en cursos de capacitación financiada con fondos europeos. Solo media docena de los 40 o 45 inscritos aparecen regularmente. Su ausencia es tan pertinaz como la de los inspectores que deberían fiscalizar los programas.
En la misma Sevilla, en una empresa de actividad tan moderna como la publicidad, los gerentes advirtieron no hace un mes que solo tres o cuatro de la docena de empleados podían abrir la puerta, por si quien llamara fuera un inspector de trabajo.
Ninguno de los que no podían abrir protestaron ni mostraron la menor extrañeza. Una de las vedadas, con responsabilidad y salario de jefatura, era una de las que no podía abrir porque cobra desempleo.
Estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo de Abril de éste año cifraban en 1.241.573 los andaluces demandantes de empleo de los que 794.054 estaban registrados en las oficinas de paro, requisito imprescindible para aspirar al subsidio de desempleo.
Es evidente que si los datos del paro fueran determinantes del bienestar de los andaluces, ésta sería una tierra fértil ocupada por una población depauperada, pero no lo parece.
Los andaluces trabajan aunque, del estado de bienestar que se financia con los impuestos, prefieren formar parte como beneficiarios y no como contribuyentes quizá porque no consideren que el estado sea suyo plenamente.
El dinero que cuesta al Estado subvencionar el paro ficticio o real de los andaluces es un daño insignificante, comparado con la degradación moral de acostumbrarlos a que su bienestar no depende de su esfuerzo personal.
Los que pilotan el estado lo saben. En 1984, en una conversación en La Moncloa, ya Felipe González identificaba el fraude del paro en Andalucía como uno de los más graves problemas de su gobierno que, durante lo que restaba del suyo, a lo largo del de su sucesor José María Aznar y en lo que va del de Zapatero se ha agravado en vez de mitigarse.
Si el fraude del paro sigue, será porque a los políticos les conviene más mantenerlo que remediarlo.