miércoles, 28 de marzo de 2012

ANDALUCIA: DERROTA PROVECHOSA Y TRIUNFO ESTERIL

El miedo a los inconvenientes de la austeridad Influyó más en el voto de los andaluces que su disposición a limitar los abusos de la corrupción.
Las elecciones autonómicas del 25 de marzo confirmaron que el Partido Socialista sabe usar el sistema para controlar el poder político, y que el Partido Popular sigue ignorándolo.
Para los socialistas, ganar las elecciones no es un objetivo en sí mismo, sino la herramienta para conseguir y conservar el poder.
Se supone que gana las elecciones el partido capaz de convencer a los votantes de que sus propuestas son las más adecuadas para resolver los problemas de que la sociedad se queja.
Pero han aprendido los socialistas que persuadir a los electores de que el suyo es el programa más adecuado es tan rentable como hacerlos dudar de la idoneidad de las propuestas del adversario, acusándolo de ocultar sus verdaderos propósitos hasta que gane las elecciones.
El Partido Popular, que limitó sus propuestas a combatir las manifestaciones de la corrupción generada por el régimen socialista, no sugirió que renunciaría a la tutela de la sociedad civil para eliminar la corrupción.
El Partido Popular se comprometió a acabar con el derroche de fondos públicos y con la generalizada sensación de malversación en la administración regional.
Pero no ofreció otra herramienta para cumplir su propósito que la promesa de honestidad personal de sus dirigentes.
En los cuatro meses transcurridos desde que los populares desplazaron a los socialistas de diputaciones y ayuntamientos andaluces, no han eliminado organismos y empresas públicas superfluas, ni han sugerido que devolverán a la iniciativa privada las actividades lucrativas en las que el Estado hace competencia desleal a través de sus empresas subvencionadas.
El resultado de las elecciones del 25 de marzo convertirá en inútil el triunfo electoral de los populares que se quedarían sin gobernar, y hará fructíficar la derrota socialista porque seguirían gobernando peso a no haber sido los más votados.
Quedaría Anadalucía, pues, más o menos como hasta ahora porque no entraba en la ideología de los populares o no se atrevieron a proponer eliminar el sistema impulsado por los socialistas de tutelar con subvenciones públicas a todas las actividades sociales.
Une a socialistas y populares la creencia de que el Estado, por medio de sus administraciones y empresas, debe tutelar a una sociedad como la española, formada por individuos incapaces de decidir por sí mismos lo que quieren y les conviene.
Como los socialdemócratas dogmáticos del Partido Socialista, los socialdemócratas pragmáticos del Partido Popular ,parecen convencidos de que es el Estado el que debe orientar a la sociedad y no la sociedad la que debe determinar la orientación del Estado.
El 25 de Marzo, los electores andaluces dieron sus votos, por orden de preferencia, al Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, pero sin que ninguno de ellos tenga capacidad de formar gobierno sin el apoyo o la abstención de alguno de los otros.
Es previsible, pues, un entendimiento del Partido Socialista e Izquierda Unida, las dos fuerzas ideológicas más afines, dejaría fuera del poder al Partido Popular, el más votado y, comparativamente, el menos entusiasta de la intromisión del Estado en asuntos de la sociedad civil.
Si los cambios promovidos por el Partido Popular en la gestión de ayuntamientos y diputaciones desde mayo de 2011 sirvieran de pauta de los que hubiera acometido en la administración regional si el 25 de marzo hubiera logrado mayoría suficiente para formar gobierno en solitario, Andalucía hubiera seguido siendo gobernada más o menos como bajo los socialistas.
Los banales cambios en las administraciones bajo control popular desde mayo, si sirvieran de indicio de lo que podía esperarse de una administración regional bajo su tutela, no justifican las expectativas depositadas en su triunfo.
Puede que quienes recetan el misma jarabe a todos los enfermos, se extrañen de que los andaluces hayan preferido convivir con la corrupción conocida, al precio de dejar al estado que decida por el individuo, en lugar de que cada cual asuma el rango de su bienestar según el sacrificio de su esfuerzo.
Es de gente sabia, como la andaluza, rehuir la responsabilidad de decidir y privar al que sufra las consecuencias del consuelo de culpar de sus desgracias al que decidió en su nombre.

lunes, 26 de marzo de 2012

A N D A L U C I A

El personal de aquella sucursal rezaba de manera teatral y llamaba trabajar a lo que para el resto del mundo era relajo y diversión.
Se achacaba a esas peculiaridades que su supervivencia dependiera de subvenciones que la Dirección General detraía de los beneficios obtenidos en delegaciones que entendían con rectitud el lema “ora et labora”, para las que el trabajo era una obligación fatigosa y la oración una devoción comedida.
En tiempos de bonanza, la Dirección pudo compensar las carencias de la delegación díscola con los beneficios de las dóciles pero una súbita crisis generalizada invirtió la situación y la viabilidad de la primera llegó a suponer una amenaza contra la de las demás.
Al personal de la sucursal cuya heterodoxa interpretación de las normas se había convertido en una amenaza para la supervivencia de todos se le dio un plazo razonable para que, como sus colegas, rezaran con devoción y trabajaran con dedicación.
Si no cumplían lo que se les pedía, les avisaron, dejarían de percibir los subsidios exteriores y serían expulsados de la organización.
Replicaron los amenazados que el costo económico que su peculiaridad suponía a la organización era insignificante.
Sugerían compararlo con el beneficio que la suavidad del clima, la amenidad del paisaje y la simpatía de los habitantes del lugar del enclave aportaban para que empleados destinados en lugares hostiles recuperaran en pocos días el equilibrio perdido durante meses de hosco trabajo.
El jefe de la Sucursal a la que se advertía que podría perder las subvenciones si persistía en rezar sin la devoción tradicional y trabajar sin la dedicación requerida pidió a los 109 concernidos que discutieran y concertaran una respuesta conjunta.
Tres propuestas se debatieron:
Un grupo de 50 aceptó combatir la gula, la molicie y la incontinencia sensual culpable de la poca eficacia de que la dirección se quejaba con la oración y el trabajo.
Otros 47 se declararon partidarios de ignorar lo que la Dirección pedía y seguir como si no nada hubiera pasado.
Los nueve restantes dijeron que el trabajo es un arma capitalista para explotar a la clase obrera. la oración una herramienta del fanatismo para enajenar al pueblo y que, para redimir sus crímenes, los explotadores deberían aumentar las subvenciones a los explotados.
Aunque eran más los partidarios de trabajar y rezar como Dios manda, los dos sectores minoritarios discrepantes tenían posturas más fácilmente conciliables.
Se unieron, conminaron a la Dirección General para que siguieran pagando y la disuadió de dar lecciones sobre el trabajo y la diversión si solo sabe apreciar lo primero y subestimar lo segundo.

miércoles, 21 de marzo de 2012

LA COMPETENCIA DESLEAL DEL ESTADO

Denunciar y condenar a los que se apropien o dilapiden dineros públicos no bastan para acabar con la infección social diagnosticada como corrupción.
Se dice que un organismo contrae una infección si lo invaden especies extrañas pero, si bacterias propias habitualmente inocuas desarrollan una virulencia dañina, la dolencia se diagnostica como infección endógena.
Los EREs falsos, las subvenciones fraudulentas, el dispendio en aeropuertos sin vuelos y la plaga de organismos públicos que justifiquen los salarios de sus directivos son síntomas de la infección endógena que aqueja a la sociedad.
Paliar los indicios de la dolencia es un tratamiento incompleto si no se combate su causa: la voracidad del Estado y su canibalización de la sociedad, que lo creó como una herramienta a su servicio.
Para que sea eficaz, el Estado debe arbitrar en los conflictos que enfrenten a sectores o individuos de la sociedad con intereses económicos, culturales, religiosos y laborales opuestos.
El arbitraje solo será eficaz si el estado- árbitro acredita su neutralidad entre los litigantes y respecto al asunto en disputa.
Por eso, el Estado debería renunciar a crear, adquirir o gestionar empresas que compitan con las de propiedad societaria o privada.
(Al difundirse que una mujer de 34 años solicitaba un piso de propiedad municipal, se supo que el Ayuntamiento de Palma del Río, de 21.000 habitantes, es propietario de 180 pisos).
Malo es que los administradores del municipio puedan caer en la tentación de rentabilizar electoralmente la concesión del uso de esos pisos, pero peor es la distorsión que esa administración estatal provoca en el mercado inmobiliario local, en que debería ser neutral.
(Los bancos españoles poseían a finales de Enero 229.000 de los casi 700.000 millones de la deuda pública del Estado Español, tras haber adquirido en los dos primeros meses del año casi 50.000 millones).
El Banco Central Europeo inyectó 52.432 millones de euros el pasado enero a la banca española, que destinó alrededor del uno por ciento a créditos comerciales y el resto a la compra de Deuda del Estado y a sanear sus balances.
Es malo que los funcionarios del Estado se apropien, malversen o derrochen dineros que se obtienen emitiendo deuda, pero es peor la distorsión que provoca en el mercado, en perjuicio de los clientes particulares, la competencia desleal del Estado en la obtención de fondos bancarios.
Television Española,subvencionada con fondos públicos y cuyos canales no emiten publicidad, acapara el diez por ciento del total de los telespectadores, que detraen de las audiencias de sus competidoras comerciales cuya supervivencia depende de los resultados economicos que la empresa obtenga gracias a los anuncios. Lo mismo ocurre con los oyentes de RNE, los terceros en número del dial radiofónico español.
Debería estar prohibido al Estado que sus funcionarios se inmiscuyan en negocios en los que compitan con empresas privadas.
Eliminar la tentación de manejar dinero limitaría el peligro de provocar el escándalo de la corrupción.

lunes, 19 de marzo de 2012

ANDALUCIA: DERROTA INEVITABLE DE LA DERECHA

Sea el que sea el resultado de las elecciones andaluzas del 25 de marzo, y aunque el recuento de votos acredite una aplastante mayoría del Partido Popular sobre el Socialista, Andalucía seguirá gobernada por la Izquierda.
Es imposible que la Derecha gobierne porque todos los partidos proponen resolver la crisis que el excesivo intervencionismo estatal ha originado en la sociedad civil sin devolver al ciudadano la responsabilidad por las decisiones que determinen la calidad de sus vidas.
Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular coinciden en dejar al estado la responsabilidad de regular la vida del individuo, desde su concepción hasta la disposición de sus restos.
Los comunistas vergonzantes de Izquierda Unida tienen un programa socialdemócrata radical con románticos repartos de tierras y nacionalizaciones de actividades económicas sostenidas con subsidios públicos.
El Partido Socialista, que a regañadientes admite un sistema de economía mixta, representa la socialdemocracia dogmática y el Partido Popular, que ni concibe ni se atreve a proponer que la sociedad civil haga mejor y más barato lo que el Estado hace peor y más caro, es una socialdemocracia pragmática.
En ésta Andalucía, sumida en cavilaciones sobre la magnitud de la catástrofe que supondrá el resultado de las elecciones, la mayoría se contentaría con que el futuro no sea mucho peor que el presente.
Aparte de los que confían en algún cargo bien pagado como consecuencia del triunfo en las urnas de los suyos, pocas esperanzas de mejora esparcen los vientos primaverales en Andalucía.
Puede que sea porque, como la elección que se les propone es entre distintas modalidades de esa entelequia conocida como socialdemocracia, intuyen que todo seguirá igual.
Por ahora, nadie les ha propuesto ni a los españoles ni a los andaluces un programa de derechas: que el Estado, juez neutral de la sociedad, no distorsione su funcionamiento.
Que se limite el Estado a vigilar el cumplimiento contractual de las empresas adjudicatarias del respeto a la ley en el interior del territorio nacional y de la protección contra amenazas exteriores.
Todo lo demás (educación, sanidad, relaciones laborales, transacciones comerciales, etc), que lo deje en manos de la sociedad civil lo que, naturalmente, lo privará del derecho a sangrar a los contribuyentes.
En definitiva, lo imposible: el gobierno en Andalucía de la Derecha.