jueves, 14 de agosto de 2014

LA CORRUPCIÓN

Los ciudadanos que ganan elecciones para cargos políticos y que cobran por ejercerlos tienen, como todos los ciudadanos, la obligación de cumplir las leyes y además, la de servir de ejemplo a los que, con sus impuestos, les pagan el sueldo.
Por lo tanto, deberían renunciar todos al fuero que, en caso de que hayan de ser llevados a los tribunales, les permite acogerse a un procedimiento del que no gozan sus electores.
 Y, si no lo hicieran, los delitos de los que sean declarados culpables los políticos electos en el ejercicio de unas funciones que ellos mismos pidieron que se les encargaran, deberían castigarse con penas que doblaran las del ciudadano común.
Y, para acabar con esta corrupción originada en la administración por políticos que desde cargos públicos contaminan a la sociedad, sus delitos deberían ser castigados con penas sustancialmente mayores que para el ciudadano común.
Para que no caigan en la tentación de quedárselo, que manejen el menor dinero posible y que todas las subvenciones se sustancien en la exención de impuestos sobre el rendimiento de sus trabajos o empresas.
Sin subvenciones en dinero contante, menos invitación a la tentación natural del que lo conceda de apropiarse una parte.