jueves, 30 de abril de 2015

PRESUNCION DE INOCENCIA



Como cantaba Don Hilarión en “La verbena de la Paloma” refiriéndose a Don Sebastián, “tiene razón el ministro Catalá, tiene muchísima razón”, al proponer que se castigue al que revele lo que debería permanecer secreto, y así garantizar la presunción de inocencia.
Pero se equivoca el ministro porque el castigado debería ser el juez o funcionario judicial que cobra por garantizar la confidencialidad y no el periodista, que cobra por divulgarla.
Si castigara a la prensa sancionaría a quien cumple su obligación y eximiría a los que la incumplen.
Porque la filtración que señala como culpable ante la opinión pública al que todavía solo es sospechoso no es obra del periodista, sino de esas “fuentes” que tan celosamente mantienen su anonimato para no perder su empleo.
Si el sistema judicial y policial se limitaran a cumplir con su obligada discreción al investigar delitos, los periodistas tendrían que esperar a que se enjuicie y dicte sentencia para difundir los pormenores del caso.
Porque es obligación de policías y jueces preservar el secreto de lo que investiguen, mientras que la de los periodistas es satisfacer la curiosidad de sus lectores adelantándose, si pueden, a lo que se revelará en el juicio.
Es obligación del ministro Catalá, por su parte, hacer todo lo posible para que un enjuiciado reciba una sentencia justa, al final de un proceso en el que su presenta inocencia se haya respetado.
Y, si a alguien tiene que sancionar para conseguirlo, que sea al funcionario que no supo guardar el secreto y no al periodista, que cumplió su obligación de difundirlo.