miércoles, 22 de junio de 2016

LA INDICRECION DEL MINISTRO



Si fue el propio jefe de la oficina anrtifraude de Cataluña Daniel de Alfonso el que grabó la conversación que mantuvo con Jorge Fernandez Díaz y en la que el ministro del Interior le pidió que espiara a un sospechoso, no cometió delito al revelarlas.
Pero si de Alfonso no grabó ni reveló la conversación, en el hecho se cometieron dos delitos, uno político y otro penal.
El culpable del primero sería el ministro por coaccionar a un subordinado para que cometiera el delito y el propio De Alfonso sería culpable del segundo, por acceder a la petición, a sabiendas de que era ilegal.
El delito político del ministro debería ser castigado con su cese inmediato del cargo que desempeña y, el de la oficina antifraude, con su encausamiento penal.
Así que puede que Mariano Rajoy, que lo nombró, puede que cese o puede que no, al ministro.
Y que los tribunales encausen, o puede que no, a De Alfonso.
La incógnita en el caso del ministro se resolverá, o no, en los próximo días.
En el caso de De Alfonso se tardará más: unos cuantos de años, si tiene que resolverlo el aparato judicial español.