El Presidente
de Estados Unidos Donald Trump ha cesado al fiscal general de los Estados
Unidos, en funciones hasta que el senado hasta que el Senado apruebe al que le
proponga para el cargo el nuevo jefe del Estado, por entorpecer o deslegitimar
la restricción de licencias de inmigración.
No podía haber
hecho menos Trump porque el fiscal general tiene como función defender como
abogado los intereses del Gobierno de los Estados Unidos, no de la correcta
aplicación de las leyes a los ciudadanos.
Su oposición o
crítica a las medidas restrictivas de la inmigración decididas por Trump fue,
pues, una deslealtad al que le pagaba el sueldo para que defendiera sus
intereses, no los intereses del Pueblo Norteamericano, en ocasiones opuestos
entre sí como ocurre en todos los paises.
Al destituido
Dana Boente lo contrató Barak Obama para que defendiera los intereses de su
gobierno del Partido Demócrata, derrotado en las elecciones por el Partido
Republicano de Donald Trump.
Al oponerse
Boente a la política migratoria de Trump, ¿seguía sirviendo a la política
contraria del anterior presidente que lo había contratado, o a las nuevas
políticas de Trump que desde el 20 de Enero le pagaba el sueldo?
¿Debería haber
mantenido en el cargo al cesado después de la muestra de deslealtad cometida o
mandarlo a freir espárragos para impedir que el que le dió la primera puñalada
por la espalda le diera la segunda?