Excepto en muy
escasas ocasiones, es la parte litigante que lleva la iniciativa la que
prevalece sobre la que se limita a reaccionar.
Así es y ha
sido hasta quizá demasiado tarde: los independistas actúan y los unionistas
reaccionan.
Al final,
cuando el Estado Español por fin invoque el artículo 155 de la Constitución,
arrebatará a los independentistas la iniciativa, pero la tardanza habrá
provocado daños a la futura convivencia quizá irreparables.
Y es que la
sociedad democrática cede al gobierno el monopolio de la ley y de la fuerza
para hacer que la ley se respete pero hay gobiernos que, como este del Partido
Popular de Mariano Rajoy, anteponen la conservación de sus votos a su
obligación de aplicar la ley cuando la reiterada violación de las leyes lo aconseje.
Son gobiernos
éstos gobiernos democráticos a los que les preocupa más perder popularidad por
aplicar la ley, que conservar unido un territorio sobre el que aplicarla.
Leyes para los
ciudadanos y no gobiernos que adecuen la aplicación de la ley a conveniencia
de su propósito de seguir gobernando,
La constitución,
esa ley de la que se derivan las demás leyes, dice que: “La soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
Y el pueblo
español al que se refiere ese artículo 2 de capítulo 1 de la Constitución
española incluye a Cataluña.
La pretendida independencia de Cataluña
privaría de derechos reconocidos a los demás españoles.
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