martes, 31 de enero de 2017

CESE JUSTIFICADO



El Presidente de Estados Unidos Donald Trump ha cesado al fiscal general de los Estados Unidos, en funciones hasta que el senado hasta que el Senado apruebe al que le proponga para el cargo el nuevo jefe del Estado, por entorpecer o deslegitimar la restricción de licencias de inmigración.
No podía haber hecho menos Trump porque el fiscal general tiene como función defender como abogado los intereses del Gobierno de los Estados Unidos, no de la correcta aplicación de las leyes a los ciudadanos.
Su oposición o crítica a las medidas restrictivas de la inmigración decididas por Trump fue, pues, una deslealtad al que le pagaba el sueldo para que defendiera sus intereses, no los intereses del Pueblo Norteamericano, en ocasiones opuestos entre sí como ocurre en todos los paises.
Al destituido Dana Boente lo contrató Barak Obama para que defendiera los intereses de su gobierno del Partido Demócrata, derrotado en las elecciones por el Partido Republicano de Donald Trump.
Al oponerse Boente a la política migratoria de Trump, ¿seguía sirviendo a la política contraria del anterior presidente que lo había contratado, o a las nuevas políticas de Trump que desde el 20 de Enero le pagaba el sueldo?

¿Debería haber mantenido en el cargo al cesado después de la muestra de deslealtad cometida o mandarlo a freir espárragos para impedir que el que le dió la primera puñalada por la espalda le diera la segunda?