martes, 22 de agosto de 2017

INFIRMÁTICA CONTRA AUTINOMIAS



Las administraciones públicas se justifican por apadrinar normas legales que permitan la convivencia de los ciudadanos, y garantizar su cumplimiento.
Si las leyes que emanan de las administraciones no cumplen satisfactoriamente ninguno de esos fines, los gobiernos que asumen la responsabilidad de que las leyes se cumplan estorban y no ayudan a la sociedad.
En esa coyuntura estructural se encuentra éste Estado Español desde que decidió fragmentar la función de dictar leyes y hacerlas cumplir entre administraciones con objetivos contradictorios.
Han dividido al Estado para vencer al Estado.
Y los que se benefician de esa fragmentación son tantos que es imposible rectificar por acuerdo de todos a los que favorece.
Cuando se aprobó aquella Constitución de 1978, hecha para callar la boca a todos los que la prensa prestaba oídos y servía de eco a sus ansias de notoriedad, pocos preveíamos la calamidad que a todos nos aguardaba.
Si todos los partidos políticos son malos, reduzcamos a dos las decenas de partidos que hoy alborotan el país para repartirse los despojos del cadáver: el que gobierne porque logró más que el adversario que, por haber tenido menos apoyo, ejerza de oposición.
Y, aprovechando los avances informáticos de ahora que en 1978 todavía no eran evidentes, con una sola administración basta para saber desde, por ejemplo Cádiz, lo que ocurre en Barcelona.
Si se aprovecharan los adelantos informáticos, sobrarían las autonomías.
El Gran Hermano de aquel Orwell de 1948 ya es real en 2017.