Media España se echó a la calle el domingo para protestar una ley impulsada por el gobierno mientras la otra media se quedaba en sus casas aceptando tácitamente una nueva ocurrencia no anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero cuando pidió y logró que lo reeligieran.
Esperanza Aguirre, una de las pocas políticas que se atrevió a dar la cara y asistir a la manifestación de Madrid, repetía que la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una provocación.
Puede que tenga razón porque, si no existía una acuciante demanda social para modificar la ley vigente, es difícil entender en qué beneficia a los españoles una iniciativa que acentúe su división.
La formulación de políticas que aceleren la recuperación de la economía, la reforma de la enseñanza, la dotación de medios para que aumente la eficacia de la justicia, la lenidad en la represión de la delincuencia o la urgente necesidad de moralizar la conducta de los representantes públicos son demandas más palpables que una modificación reguladora del aborto.
Si hay necesidades prioritarias, ¿por qué dedica el gobierno su tiempo, su energía y sus recursos a impulsar ésta ley?
No sería ésta la primera vez que, como el torero que mueve el capote desde el burladero para que el toro no empitone al banderillero, el gobierno distrae al elector de problemas serios con ardides llamativos.
Es la inclusión de plazos y la no injerencia paterna en el aborto lo más escandaloso del proyecto en trámite. Seguramente, una vez logrado su propósito de fijar la atención de los votantes en lo llamativo para que la aparte de lo importante, el gobierno cederá o aparentará que cede en lo segundo.
Pero el plazo para el aborto libre, además de oportunista, tiene fundamento en una cultura religiosa que tiene encandilado a Zapatero, el Islam.
Aunque el Coran nada dice específicamente respecto al aborto, la sharía y las fatuas islámicas—cuerpo doctrinal del islamismo—desaconsejan el aborto en cualquier momento, pero solo lo prohíben a partir de los 120 días de gestación, momento en que el ángel insufla el alma al feto.
Para las musulmanas, abortar antes de los 120 días—21 semanas dice el proyecto de ley español—no es pecado. Después de esa fecha tope es delito por el que hay que indemnizar al heredero de la víctima con 238 gramos de oro, equivalente al valor de un esclavo o al diez por ciento del valor de un adulto.
