A Mariano
Rajoy nadie, que se sepa, le puso una pistola en el pecho para que aceptara ser
vicepresidente del gobierno entre 2000 y 2003, año en que asumió voluntariamente, además, la
secretaria general de su partido.
Fue por su gusto también como aspiró y
obtuvo la Presidencia
de su partido, que suponía el reconocimiento de su capacidad para hacer todo lo
que quisiera y como quisiera hacerlo.
Y así fue cómo, en 2006, mandó que o permitió
que se pagaran 705.095 euros de forma ilegal (en dinero negro) por unas obras
en la sede de su partido.
Reincidió en la misma ilegalidad dos años más
tarde, cuando pagó o permitió que pagaran otros 906.347 por otras obras en el mismo edificio.
Rajoy, ahora presidente del gobierno de
España, ha despachado con una frase el chanchullo descubierto:”Esas cosas no
pueden volver a pasar”.
Los
contribuyentes españoles a los que se descubra que en sus declaraciones de la
renta se equivocaron y, como consecuencia, pagaron menos a Hacienda de lo que
deberían haber pagado, tienen en Rajoy un antecedente exculpatorio: prometer
que no debería volver a pasarles lo que hicieron.
Desde que el
juez que investiga al ex tesorero del Partido de Rajoy Luis Bárcenas, emitió un
auto el viernes en el que revelan los pagos ilegales, están en entredicho la
honestidad del ahora presidente del gobierno español o su incapacidad para
dirigir un negocio más complejo que el de hacer y vender jeringos.
Hasta más
grave que haber consentido o mandado hacer ilegalmente los pagos es no haberse
enterado de que los hacían a sus espaldas.
Porque, para
gestionar acertadamente en el enfangado mundo de los negocios y la política, más
vale ser pillo que bobo.
