Es de todos
sabido y de casi todos imaginado que los Estados se dotan de una constitución
para regular las relaciones de sus ciudadanos entre sí y de todos ellos con el
Estado.
Así lo hace
también la Constitución Española de 1978 que, en su segundo artículo establece
que:
2. La
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado.
Los
ciudadanos de Cataluña son parte de España y sus dirigentes electos llevan años
proclamando abiertamente su propósito de escindir de España una de sus partes
integrantes, Cataluña.
Alardean de
que se proponen violar el artículo 2 de la Constitución.
Y el
gobierno del Estado Español calla y consiente.
¿Por qué
aplican sin ninguna consideración la ley de tráfico al conductor de vehículos que
podría poner en peligro la seguridad de otros, y no hacen lo mismo con los que insisten en que privarán
en Cataluña de los derechos que como a españoles les corresponden?
Los
españoles, ciudadanos y gobiernos, tienen el derecho de reclamar y el deber de cumplir
las obligaciones que la Constitución vigente regula.
Por no
cumplir esas obligaciones se enfrentan los ciudadanos a las sanciones que la
ley establece.
¿No hay en
la Constitución ninguna norma legal que castigue por acción u omision a los
gobiernos de España y de Cataluña por consentir el primero e impulsar el
segundo el incumplimiento de la Constitución?
