TRIFULCA POLITICA

El Partido Popular replicó al reto de la vicepresidenta De la Vega de que denuncie supuestas escuchas telefónicas ilegales recordándole que ya lo hizo el pasado 24 de Julio, ante un juzgado de Madrid.
La denuncia dejaba a la institución en la que menos confían los ciudadanos que decida si, como se queja el PP, el gobierno del PSOE utiliza organismos que deberían ser neutrales en su confrontación partidaria y en la creación de un Estado policial.
Después de presentada la denuncia del PP, la disputa entre los dos partidos se agrió cuando la vicepresidenta se adelantó a la Fiscalía al anunciar el recurso del Ministerio Fiscal contra una sentencia favorable al presidente valenciano Camps, del Partido Popular.
El adelanto del anuncio de la presidencia al que debería partir de la fiscalía indujo a los del Partido Popular a sospechar que habían sido instrucciones de De la Vega las que decidieron la intervención de la Fiscalía.
El grupo de presión política PRISA, que inspira y aplaude la actuación del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el mismo automatismo con que critica al Partido Popular, terció el jueves seis de agosto en la polémica.
En un editorial del diario El Pais, ariete de los medios de PRISA que se hacen eco fielmente de lo que les inspira, disculparon a De la Vega por su “inoportuna intervención” en el asunto.
Pero la acusación de manejo ilícito de medios estatales neutrales formulada por la secretaria general del Partido Popular Dolores de Cospedal suponía, en opinión del periódico, que “el PP sacrifica las reglas del juego democrático para intentar desviar la atención de sus miserias”.
Los medios del grupo de presión política de PRISA, capitaneados por El Pais, orquestaron las acusaciones contra Camps que el tribunal superior de justicia de Valencia archivó la semana pasada por no hallar sustancia delictiva.
La denuncia que el PP presentó el 24 de Julio incluía como hechos para que la Justicia investigara reproducciones en El Pais de conversaciones telefónicas de la policía a implicados en la campaña contra Camps, amparadas por el secreto del sumario.
En su informe del pasado Noviembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), catalogaba al sistema judicial español como la institución del Estado en la que menos confían los españoles, que le daban una puntuación de 3,74 sobre diez.
Al presentar su denuncia, el Partido Popular se señaló como de los pocos que creen todavía en la eficacia de la justicia.
Si la Justicia investiga la denuncia del PP con el mismo rigor que dedicó a la supuesta implicación de Camps en el caso Gürtel de corrupción política, estará justificada la confianza, aunque como ocurrió con el caso del Presidente de la Comunidad Valenciana, también se decida archivarla.