El gobierno ha violado su neutralidad al restablecer el impuesto sobre el patrimonio, como uno de los candidatos exigía.
Mal está, mitigue o no el desbarajuste económico que el inspirador de la medida ayudó a provocar cuando gobernaba.
Lo peor es que lo que el gobierno saque con éste nuevo impuesto cebará todavía más a la burocracia estatal y agravará la anemia de la sociedad a la que está parasitando.
La alarma creciente de quiebra evoca la sombría mirada del buitre voraz de ceño torvo del soneto de Unamuno, cuando el grajo-estado traga el último despojo de la sociedad para saciar el hambre atroz que nunca se le apaga.
La glotonería es la enfermedad terminal de éste estado, refundación del que se consumió con la desaparición del que su fundador se había hecho a medida en el fragor de una guerra civil, que acabó con el que había nacido cuando, inopinadamente, unas elecciones municipales acabaron con siglos de monarquía.
La que viene no será la primera refundación del Estado en España y, afortunadamente, nada hace temer que haya que reedificarlo sobre las ruinas de un conflicto armado, como cuando la guerra de sucesión, la de la independencia, la de Cuba, las carlistas o la civil.
El que viene debería ser, en contraste con el actual, un Estado que devuelva la iniciativa a la población, renuncie a dirigirla y cambiarla y recaude impuestos de los ciudadanos para garantizarles su seguridad personal y frente a agresiones exteriores.
La mejor receta es reducir a esos dos fines la recaudación de impuestos.
La indolencia individual ha dado como resultado la renuncia colectiva de los españoles a asumir sus obligaciones y derechos como personas.
A pesar de esa dejación, los padres saben mejor que el Estado la educación que quieren para sus hijos y a los hijos les importa más que al Estado el bienestar de sus padres en la vejez.
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