Las fuerzas españolas enviadas a Irak tres meses después de la derrota militar de Sadam Hussein se retiraron porque, dijo cuatro años más tarde el presidente del gobierno que ordenó la retirada, “la guerra, además de mal enfocada, había sido ilegal”.
Tan mal enfocada que el ejercito atacante aniquiló al atacado a las tres semanas de bombardeo y, prácticamente, sin enfrentamiento directo entre los combatientes.
Si el éxito de una guerra lo mide la derrota del enemigo con el menor costo posible de bajas propias, pocas guerras en la larga historia bélica de la humanidad estuvieron mejor enfocadas que la de Irak en marzo-abril de 2003.
¿Fue legal? ¿Qué guerra lo es?
La sentencia del pleito sobre la legalidad de una guerra,idealismos aparte, la pronuncia el vencedor porque establecer una relación entre ética y guerra es tan disparatado como distinguir el color por los olores.
La experiencia ha demostrado, por desgracia que, si la campaña para derrotar militarmente a Irak estuvo bien enfocada porque logró su objetivo, fue un error la ocupación del territorio para imponer a sus habitantes un régimen político afín a los vencedores y ajeno a los vencidos.
El mismo error en el que están incurriendo en Afganistán los soldados de la coalición internacional participada por España y que ya ha costado la vida a 88 de los militares españoles.
A los ejércitos de la coalición internacional les han encomendado sus gobiernos una quimera tan irrealizable en Irak y Afganistán como en cualquier país al que hayan sido destinados para imponer normas de conducta política extrañas a su cultura.
En todas esas misiones el fracaso es predecible e inevitable. Antes de pastorear a los habitantes de esos países a un sistema de autogobierno que se fundamente en la división de poderes, los nativos deberían asumir que el poder, compartimentado en legislativo, ejecutivo y judicial, no es patrimonio exclusivo ni lo ejerce directamente Dios.
Una vez que los pueblos a los que se quiere ayudar a organizarse democráticamente acepten que el poder lo ejercen de forma legítima sus gobernantes por delegación de quienes los elijan libremente, las democracias occidentales podrán aconsejarles cómo perfeccionar sus sistemas políticos.
Hasta entonces, más les valdría a las potencias occidentales renunaciar a conducir a la fuerza hacia donde no quieren ir a pueblos que no aceptan la division de poderes, dejarlos que se organicen como quieran y, si suponen una amenaza para los vecinos que no sean de su cultura, meterlos en cintura con campañas como la que, en tres semanas, acabó con la tiranía expansionista de Sadam Hussein.
Pero que no vuelvan a caer nunca en la tentación de ocupar sus territorios.
Quo usque tamdem abutere, Catlina, patientia nostra?
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