LA AMENAZA DEL CONSENSO

Hay proyectos de ley, como el de estímulo de la economía presentado por Barack Obama y que el Senado tramita ahora, para los que el gobierno Norteamérica intenta el respaldo de representantes de la oposición, además del de sus partidarios.
El mecanismo para lograr ese apoyo bipartidista se conoce por “horse-trading” que, a pesar de su traducción literal de “chalaneo”, es un procedimiento respetable y eficaz para conciliar discrepancias políticas, en leyes de especial trascendencia.
El escrupuloso respeto a las competencias de cada protagonista contribuye a la respetabilidad del sistema:
Corresponde únicamente al gobierno presentar su texto, tras sondear pero sin negociar el apoyo al proyecto, y los líderes del partido del Presidente en la cámara y el senado, donde ha de obtener su visto bueno, son los que chalanean posibles modificaciones con los de la oposición.
El tira y afloja se hace a la luz del día, públicamente y sin protegerlo del escrutinio de votantes y opinión pública.
Todo lo contrario de lo que, en la práctica, ocurre en España.
En la política española, sobre todo en los últimos cinco años, cuando el gobierno tiene dificultades para salir de una situación particularmente embarazosa, pide consenso al principal partido de la oposición, pero sin detallar específicamente en qué quiere que deje de oponérsele, ni asumir ninguna iniciativa ajena a cambio de su apoyo.
Lo hizo cuando, en la legislatura pasada, quedó en evidencia que ETA lo había engañado en la negociación para que dejara de asesinar y vuelve a exigir el consenso ahora al Partido Popular para sortear la crisis económica.
Pero ni en la pasada legislatura ni ahora dice el gobierno cuáles de las medidas que el Partido Popular propone estaría dispuesto a asumir en el consenso que le pide.
De hecho, parece que lo que espera del partido de la oposición es que renuncie, al menos de forma temporal, a su cometido constitucional de exponer al electorado soluciones diferentes, y si hace falta contrarias, al partido gobernante.
El sistema democrático parlamentario se fundamenta en el disenso, en la existencia de alternativas a las que el gobierno propone y en el derecho a exponerlas para que el votante escoja entre soluciones discrepantes.
El consenso ya está expresado, contenido y limitado en la Constitución. Son las dictaduras las que se asientan en el consenso y temen a la discrepancia.
El Partido Popular no solo faltaría a la obligación que la Constitución le marca si dejara de presentar alternativas distintas de las que defiende el Partido del Gobierno para salir de la crisis, sino que sería irresponsable si accediera al consenso que le piden.
Porque, si accediera a apoyar al gobierno en sus medidas contra la crisis y persistiera a pesar de ello la catástrofe en la que la ceguera, la omisión o la acción equivocada del gobierno ha sumido a España, ¿a quien podrían recurrir los españoles?
La tentación de echarse en brazos de técnicos, civiles o uniformados, sería una amenaza más negra que la que proyecta la economía.