ESPAÑA: UNA DEMOCRACIA EFICAZ

Las dificultades imprevistas a las que se enfrentan a veces los países ponen a prueba la eficacia de sus instituciones estatales.
La muerte del Caudillo solo confirmó lo que desde hacía años era evidente: que las instituciones con que se había acorazado la dictadura habían perdido su eficacia para perpetuarla.
La feroz crisis económica que desde hace dos años afecta al país ha puesto en evidencia, por el contrario, la solidez y eficacia del sistema democrático español.
A quienes crean lo contrario los influye su aspiración a la excelencia, que los induce a descalificar lo que es bueno porque podría ser mejor.
Durante la crisis, los partidos políticos han cumplido cabalmente la función que de ellos se esperaba: el socialista respaldó con lealtad al gobierno y el popular lo criticó para que los ciudadanos supieran que, si el gobierno fallara, había alternativas posibles a su política.
Funcionaron a la perfección, además del Parlamentario y el Ejecutivo, el Poder judicial, que ha velado celosamente por el cumplimiento de la legalidad en períodos de crisis y tribulación.
Los sindicatos aportaron su encomiable moderación y evitaron soliviantar a los trabajadores con demandas exacerbadas.
Tan congruentes con su ideología han sido los socialistas como los populares: los primeros comprometieron todos los recursos del Estado, al que consideran herramienta para transformar la sociedad, a cambio de tutelarla y controlarla desde el Estado.
Recurrieron por eso a subsidiar directamente a los parados, que seguramente lo recordarán al votar.
Los segundos proponían aligerar el lastre fiscal de las empresas para agilizar su capacidad de generar empleo.
Han actuado los dos partidos acordes a las filosofías que los inspiran, porque la izquierda aprovecha todas las oportunidades para modelar a la sociedad a imagen del partido, mientras que la derecha solo pretende administrar con eficacia los recursos del Estado.
La izquierda usa la capacidad legislativa del Estado para transformar la sociedad. La derecha, para que las leyes acompasen la transformación que la sociedad experimenta espontáneamente en su evolución natural.
La derecha, menos ambiciosa, se limita a satisfacer las demandas de los individuos que integran la sociedad, sin orientar su comportamiento,como la izquierda se cree obligada a hacer.
Hasta en ese aspecto son coherentes con su ideología los partidos españoles: el presidente Zapatero impulsa una nueva educación para la ciudadanía, agiliza el divorcio, facilita el aborto, transfiere al Estado la tutela paterna, estimula la homosexualidad, acelera la liquidación de la familia tradicional y combate el endémico sentimiento religioso.
Por su ideología, el Partido Popular se conforma con ser árbitro neutral en los conflictos que enfrenten a sectores discrepantes de la sociedad.
Esta crisis económica ya casi vencida ha demostrado la eficacia de las instituciones del Estado, prudentemente ideadas en la Transición Democrática.