EL SIESO GRIÑAN

Al que se las da de gracioso sin tener gracia lo llaman en Andalucía sieso que, además de la parte inferior del intestino recto, o ano, es como por aquí se define a quien tiene desabrido el carácter, el esaborío.
El sieso no lo es necesariamente a jornada completa, por lo que se ignora si lo que le ocurrió a José Antonio Griñán en Málaga el 11 de enero fue síntoma de la condición crónica de esaborío del presidente de la junta andaluza o un episodio asintomático de mala follá.
¿Qué qué le pasó a Griñán en Málaga?
Que, como era inevitable en medio del escándalo de los fondos públicos gastados en cocaina, putas y otras liviandades, un periodista le preguntó si Griñán se había enterado del destino fraudulento del dinero de los ERE aprobados mientras era consejero de hacienda.
--“Usted me está acusando”—replicó—“de un delito”.
Griñán, que prefirió a la amable figura retórica de la ironía la más cruel y agresiva del sarcasmo, pretendió zaherir al periodista insinuando que la pregunta era una acusación de que había encubierto un delito.
El todavía presidente de la Junta de Andalucía, en vez de dar una respuesta directa a la pregunta directa del profesional que se la hizo, pasó por alto que le preguntaban al funcionario público y no al ciudadano privado José Antonio Griñán.
La responsabilidad del ciudadano Griñán, si hubiera sabido que alguien malversaba fondos públicos asignados para financiar expedientes de regulación de empleo, se habría limitado a denunciar un delito para evitar que lo acusaran de encubrimiento.
Pero, como consejero de hacienda de la Junta de Andalucía, a José Antonio Griñán le pagaban para que fiscalizara el correcto empleo de las partidas que asignaba el gobierno regional del que formaba parte.
El periodista, al que le pagan para que pregunte y no para acusar a nadie, quería aclarar si el consejero Griñán sabía o no lo que se estaba haciendo con el dinero cuyo uso correcto le correspondía supervisar.
Si lo hubiera sabido, a quien le hubiera correspondido lo podría haber acusado de cómplice de un delito.
Si lo engañaron y se gastaron el dinero en algo para lo que no estaba destinado, debería haber dimitido en cuanto se enteró de que lo habían burlado.
Reconoció Carmen Martínez Aguayo que,cuando era viceconsejera de Economía y Hacienda, faltó a su obligación de informar a Griñán de que la intervención alertaba desde 2005 de que el sistema de gestionar los ERE era inadecuado.
En lugar de cesar o forzar la dimisión de Carmen Martínez Aguayo por omitir su obligación de alertar al consejero, Griñán la premió ascendiéndola y es todavía la titular de la consejería.
Sarcasmos aparte, Griñán y su sucesora deberían haber cuidado los bienes públicos que administraban con más esmero que si hubieran sido patrimoniales.
Griñán dijo, y no hay motivos para dudarlo, que no sabía en qué se empleaba el dinero de los ERE y su proclamada ignorancia es tan evidente como su demostrada ineficacia para administrar bienes públicos.