ANDALUCIA: DERROTA PROVECHOSA Y TRIUNFO ESTERIL

El miedo a los inconvenientes de la austeridad Influyó más en el voto de los andaluces que su disposición a limitar los abusos de la corrupción.
Las elecciones autonómicas del 25 de marzo confirmaron que el Partido Socialista sabe usar el sistema para controlar el poder político, y que el Partido Popular sigue ignorándolo.
Para los socialistas, ganar las elecciones no es un objetivo en sí mismo, sino la herramienta para conseguir y conservar el poder.
Se supone que gana las elecciones el partido capaz de convencer a los votantes de que sus propuestas son las más adecuadas para resolver los problemas de que la sociedad se queja.
Pero han aprendido los socialistas que persuadir a los electores de que el suyo es el programa más adecuado es tan rentable como hacerlos dudar de la idoneidad de las propuestas del adversario, acusándolo de ocultar sus verdaderos propósitos hasta que gane las elecciones.
El Partido Popular, que limitó sus propuestas a combatir las manifestaciones de la corrupción generada por el régimen socialista, no sugirió que renunciaría a la tutela de la sociedad civil para eliminar la corrupción.
El Partido Popular se comprometió a acabar con el derroche de fondos públicos y con la generalizada sensación de malversación en la administración regional.
Pero no ofreció otra herramienta para cumplir su propósito que la promesa de honestidad personal de sus dirigentes.
En los cuatro meses transcurridos desde que los populares desplazaron a los socialistas de diputaciones y ayuntamientos andaluces, no han eliminado organismos y empresas públicas superfluas, ni han sugerido que devolverán a la iniciativa privada las actividades lucrativas en las que el Estado hace competencia desleal a través de sus empresas subvencionadas.
El resultado de las elecciones del 25 de marzo convertirá en inútil el triunfo electoral de los populares que se quedarían sin gobernar, y hará fructíficar la derrota socialista porque seguirían gobernando peso a no haber sido los más votados.
Quedaría Anadalucía, pues, más o menos como hasta ahora porque no entraba en la ideología de los populares o no se atrevieron a proponer eliminar el sistema impulsado por los socialistas de tutelar con subvenciones públicas a todas las actividades sociales.
Une a socialistas y populares la creencia de que el Estado, por medio de sus administraciones y empresas, debe tutelar a una sociedad como la española, formada por individuos incapaces de decidir por sí mismos lo que quieren y les conviene.
Como los socialdemócratas dogmáticos del Partido Socialista, los socialdemócratas pragmáticos del Partido Popular ,parecen convencidos de que es el Estado el que debe orientar a la sociedad y no la sociedad la que debe determinar la orientación del Estado.
El 25 de Marzo, los electores andaluces dieron sus votos, por orden de preferencia, al Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, pero sin que ninguno de ellos tenga capacidad de formar gobierno sin el apoyo o la abstención de alguno de los otros.
Es previsible, pues, un entendimiento del Partido Socialista e Izquierda Unida, las dos fuerzas ideológicas más afines, dejaría fuera del poder al Partido Popular, el más votado y, comparativamente, el menos entusiasta de la intromisión del Estado en asuntos de la sociedad civil.
Si los cambios promovidos por el Partido Popular en la gestión de ayuntamientos y diputaciones desde mayo de 2011 sirvieran de pauta de los que hubiera acometido en la administración regional si el 25 de marzo hubiera logrado mayoría suficiente para formar gobierno en solitario, Andalucía hubiera seguido siendo gobernada más o menos como bajo los socialistas.
Los banales cambios en las administraciones bajo control popular desde mayo, si sirvieran de indicio de lo que podía esperarse de una administración regional bajo su tutela, no justifican las expectativas depositadas en su triunfo.
Puede que quienes recetan el misma jarabe a todos los enfermos, se extrañen de que los andaluces hayan preferido convivir con la corrupción conocida, al precio de dejar al estado que decida por el individuo, en lugar de que cada cual asuma el rango de su bienestar según el sacrificio de su esfuerzo.
Es de gente sabia, como la andaluza, rehuir la responsabilidad de decidir y privar al que sufra las consecuencias del consuelo de culpar de sus desgracias al que decidió en su nombre.