LA COMPETENCIA DESLEAL DEL ESTADO

Denunciar y condenar a los que se apropien o dilapiden dineros públicos no bastan para acabar con la infección social diagnosticada como corrupción.
Se dice que un organismo contrae una infección si lo invaden especies extrañas pero, si bacterias propias habitualmente inocuas desarrollan una virulencia dañina, la dolencia se diagnostica como infección endógena.
Los EREs falsos, las subvenciones fraudulentas, el dispendio en aeropuertos sin vuelos y la plaga de organismos públicos que justifiquen los salarios de sus directivos son síntomas de la infección endógena que aqueja a la sociedad.
Paliar los indicios de la dolencia es un tratamiento incompleto si no se combate su causa: la voracidad del Estado y su canibalización de la sociedad, que lo creó como una herramienta a su servicio.
Para que sea eficaz, el Estado debe arbitrar en los conflictos que enfrenten a sectores o individuos de la sociedad con intereses económicos, culturales, religiosos y laborales opuestos.
El arbitraje solo será eficaz si el estado- árbitro acredita su neutralidad entre los litigantes y respecto al asunto en disputa.
Por eso, el Estado debería renunciar a crear, adquirir o gestionar empresas que compitan con las de propiedad societaria o privada.
(Al difundirse que una mujer de 34 años solicitaba un piso de propiedad municipal, se supo que el Ayuntamiento de Palma del Río, de 21.000 habitantes, es propietario de 180 pisos).
Malo es que los administradores del municipio puedan caer en la tentación de rentabilizar electoralmente la concesión del uso de esos pisos, pero peor es la distorsión que esa administración estatal provoca en el mercado inmobiliario local, en que debería ser neutral.
(Los bancos españoles poseían a finales de Enero 229.000 de los casi 700.000 millones de la deuda pública del Estado Español, tras haber adquirido en los dos primeros meses del año casi 50.000 millones).
El Banco Central Europeo inyectó 52.432 millones de euros el pasado enero a la banca española, que destinó alrededor del uno por ciento a créditos comerciales y el resto a la compra de Deuda del Estado y a sanear sus balances.
Es malo que los funcionarios del Estado se apropien, malversen o derrochen dineros que se obtienen emitiendo deuda, pero es peor la distorsión que provoca en el mercado, en perjuicio de los clientes particulares, la competencia desleal del Estado en la obtención de fondos bancarios.
Television Española,subvencionada con fondos públicos y cuyos canales no emiten publicidad, acapara el diez por ciento del total de los telespectadores, que detraen de las audiencias de sus competidoras comerciales cuya supervivencia depende de los resultados economicos que la empresa obtenga gracias a los anuncios. Lo mismo ocurre con los oyentes de RNE, los terceros en número del dial radiofónico español.
Debería estar prohibido al Estado que sus funcionarios se inmiscuyan en negocios en los que compitan con empresas privadas.
Eliminar la tentación de manejar dinero limitaría el peligro de provocar el escándalo de la corrupción.