Los ciudadanos
que ganan elecciones para cargos políticos y que cobran por ejercerlos tienen,
como todos los ciudadanos, la obligación de cumplir las leyes y además, la de
servir de ejemplo a los que, con sus impuestos, les pagan el sueldo.
Por lo tanto,
deberían renunciar todos al fuero que, en caso de que hayan de ser llevados a
los tribunales, les permite acogerse a un procedimiento del que no gozan sus
electores.
Y, si no lo hicieran, los delitos de los que
sean declarados culpables los políticos electos en el ejercicio de unas
funciones que ellos mismos pidieron que se les encargaran, deberían castigarse
con penas que doblaran las del ciudadano común.
Y, para acabar
con esta corrupción originada en la administración por políticos que desde
cargos públicos contaminan a la sociedad, sus delitos deberían ser castigados
con penas sustancialmente mayores que para el ciudadano común.
Para que no
caigan en la tentación de quedárselo, que manejen el menor dinero posible y que
todas las subvenciones se sustancien en la exención de impuestos sobre el
rendimiento de sus trabajos o empresas.
Sin subvenciones
en dinero contante, menos invitación a la tentación natural del que lo conceda
de apropiarse una parte.
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