QUE INTERVENGAN LA ECONOMIA SI NOS LIBRAMOS DE LOS POLITICOS

Los políticos que están fomentado el miedo a una posible intervención extranjera de la economía española lo hacen para no perder sus privilegiadas posiciones económicas y sociales, cimentadas en la ruina general que han propiciado. Es como el terror al infierno que nobleza y clero españoles atizaron para someter al pueblo, o como el recelo a Castilla que esgrimió la oligarquía para que sus compatriotas portugueses prefirieran la tiranía que padecían a la que les decían que podrían sufrir. La intervención extranjera de la economía es, para la casta política nacional, lo que para la oligarquía española fue el infierno y Castilla para la portuguesa: una advertencia de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. No hay garantía de que a la gente normal le irá mejor en España si los extranjeros intervienen abiertamente en la economía, pero lo que parece inevitable es que siga empeorando en manos nacionales. Desde mayo de 2010 son los extranjeros los que mandan lo que hay que hacer en la economía española, pero delegaron en los políticos nacionales la ejecución de sus decisiones. Se quejan los extranjeros de que ni siquiera para hacer cumplir sus instrucciones sirven los políticos españoles, por lo que podrían asumir directamente la ejecución de las medidas de saneamiento que exigen. Si así fuera, los políticos españoles dejarían de ser la herramienta de los acreedores de la economía española para convertirse en obstáculo de las soluciones que exigen. Los representantes del partido popular y los del partido socialista se quedarían sin función y sin justificación para sacrificar al servicio público el placentero anonimato de sus vidas, al que renunciaron para dedicarse a la política. Aunque el bienestar material fuera motivo insignificante en su decisión de dedicarse al servicio público, los políticos serían los españoles más directamente afectados si los organismos internacionales intervinieran la economía. Una parte de la gente normal viviría mejor gracias a la intervención, sería mala para otra parte y, al resto, le daría igual porque la función social del ciudadano común es acatar órdenes, sea nacional o extranjero quien las dicte, y haya llegado al poder por la fuerza de las armas o por la de los votos. El anónimo ciudadano ha aprendido que la división en demócratas y fascistas o en socialistas y populares es falsa. En el mundo hay unos pocos que deciden lo que hay que hacer y cómo hacerlo y los demás, a los que más les vale acomodar su forma de vida a los que le manden que haga. Qué más le da al ciudadano común que sean compatriotas o extranjeros los que se lleven el dinero del aparato económico organizado para aprovecharse de su trabajo.

LA MENTIRA,HERRAMIENTA IMPRESCIDIBLE PARA GOBERNAR

El Mariano Rajoy que el año pasado sentenciaba que los mercados desconfiaban de la solidez de la economía española porque el gobierno ocultaba la verdad, ¿es el mismo que este año impide que la verdad se descubra para que los mercados no aumenten su desconfianza? Son ambos la misma persona, pero las circunstancias de opiniones tan contradictoria sobre la utilidad de la verdad eran radicalmente distintas. El que dijo que la verdad fortalece aspiraba a ganar unas elecciones para poder gobernar y el que dijo que la verdad debilita ya había ganado las elecciones y estaba gobernando. Está claro que la mentira, por acción o por omisión, es una herramienta del que gobierna y que quien aspire a gobernar y prometa que dirá la verdad cuando gobierne, debe olvidarse de su promesa en cuanto consiga el poder. La gente, en contra de la falacia de que el ciudadano aspira a elegir democráticamente quien y cómo lo gobierne, lo que quiere es que le resuelvan sus problemas, sin agobiarlo con pormenores de su gravedad. Hay otra falacia, que completa e instrumenta la anterior: que el partido o persona con más respaldo electoral es la mejor para gobernar. Conclusión al menos prematura porque será el acierto o error de sus actos de gobierno el que determine si la elección fue acertada o errónea. Acusar de mentir al que gobierna y prometer que dirá siempre la verdad si lo eligen es un mecanismo infalible para que un gran número de ciudadanos predispuestos a que les mientan se dejen engañar. Mentir es una característica común a casi todos los presidentes de la llamada democracia española: solo Leopoldo Calvo Sotelo, el que menos tiempo ocupó la responsabilidad , se libra de de la acusación de haber mentido. Si hemos aprendido que mienten los gobernantes de izquierda tanto como los de derechas se debería: 1.-Determinar la importancia que la verdad y la mentira tienen en la opinión que a los ciudadanos les merezca un político. 2.-Prohibir la candidatura de los afiliados a cualquier partido político que haya tenido alguna responsabilidad de gobierno desde 1975, si creen que la verdad es condición necesaria para gobernar bien.. 3.-En las campañas electores de las formaciones que no puedan ser declaradas mentirosas porque todavía no hayan gobernado, se prohíbe la acusación de mentir y la promesa de decir la verdad como argumento político-electoral. 4.-Si algún candidato de partido no declarado mentiroso porque no haya gobernado, es electo y miente en el cargo, se prohibirá definitivamente a todo ciudadano español que pueda ser candidato a cargo político electivo en España. Como los españoles, por serlo, quedarían excluidos de gobernar España, se llegaría a la situación en que han desembocado 34 años de gobierno de políticos españoles electos por ciudadanos españoles: España y sus asuntos, como hace ya dos años que ocurre, pasarían oficialmente a ser responsabilidad de europeos no españoles.

UN PRESIDENTE DE BANCO QUE NI DE CAJERO DEBIERON CONTRATAR

Si un banco le paga a su Presidente cien veces más que a uno de los cajeros a sus órdenes, será porque el primero es cien veces más listo que el segundo y porque el error de un cajero merece una penalización cien veces más leve que la del Presidente. Así debería ser, pero no es así. Conozco de vista al cajero de una sucursal al que le faltaban media docena de miles de euros al hacer arqueo. Lo expedientaron, lo expulsaron y estuvo en un tris de acabar en la cárcel. Conozco de oídas al presidente de un banco al que, en un primer arqueo, le dijeron que había 23.500 millones de euros (sus retribuciones anuales multiplicadas por mil) menos de los que debería haber. El hombre presentó su dimisión, se la aceptaron y nadie puso en duda la honestidad que se le suponía cuando se le encargó la gestión del banco ni su idoneidad para dirigir la empresa, tasada en cien veces más que la del cajero. Hay un par de preguntas que es obligatorio preguntar: 1.-¿De estaba capacitado para lo que lo contrataron, y por lo que pidió y obtuvo 2.300.000 euros anuales? 2.- Si era tan listo como lo valoraron al contratarlo, ¿cómo puede ignorar el paradero de los 23.500 millones evaporados? Conclusiones: 1.-Si era tan listo como se decía, tiene que saber donde están los millones perdidos. 2.-Si no era tan listo, debería haber rechazado el cargo y el dineral que pidió y que le pagaron. ¿Presidente, ganado 2.300.000 euros al año? Ni siquiera para cajeros por 23.000 al año deberían haberlo contratado.

ESTADO DEL BIENESTAR Y OTROS DINOSAURIOS

Si los antiguos se hubieran gastado en evitar su extinción la mitad de lo que cuesta prolongar la agonía del Estado del Bienestar, habría en el mundo más dinosaurios que enchufados políticos. Ya no quedan dinosaurios más que en el cine, mientras que a los pesebres de los partidos políticos acuden cada vez más comensales. Uno de los misterios sin resolver es por qué desaparecieron los dinosaurios, que algunos achacan al aumento de carbono y la disminución de oxígeno en la atmósfera por el choque de un meteorito, y otros a una alteración de la fuerza de gravedad del planeta. La causa de que murieran animales tan decorativos fue el inoportuno momento en que el fenómeno fatal ocurrió: antes de que se inventara el Estado como herramienta para evitar lo inevitable. Fue mala suerte que los humanos contemporáneos del meteorito no hubieran tenido la precaución de inventar el estado, primera fase del estado del bienestar. Como eran tan torpes, los humanos del tiempo de los dinosaurios tenían que trabajar para comer porque todavía no les habían asegurado el derecho de todos, trabajen o no, a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. El estado de bienestar fue un logro gradual : empezó cuando un antiguo menos tonto que sus coetáneos inventó una amenaza que requería sacrificios de todos los supuestos amenazados para hacerle frente. Desde entonces, y en vista de lo rentable que resultó a los organizadores de la fuerza disuasoria el invento de la amenaza, la humanidad siempre ha vivido bajo algún peligro, que un estado cada vez más entrometido cobra por evitar. Si los antiguos no hubieran asumido la desaparición de los dinosaurios porque el cambio ambiental impedía su supervivencia, se hubieran arruinado para mantenerlos vivos. Es lo que están haciendo ahora los humanos modernos: Se gastan un dineral en mantener a duras penas en libertad protegida a los linces ibéricos, condenados a desaparecer desde que la mixomatosis acabó con el noventa por ciento de la población de conejos y la agricultura los privó del monte bajo en que se escondían. Los modernos han inventado el estado del bieinestar, que se basa en que cada vez más paniaguados políticos se repartan con un creciente número de beneficiados lo que arrancan a un número cada vez menor de contribuyentes. Los bancos que requieran para sobrevivir ayudas ocho veces superiores a las del su valor en bolsa o el propio Estado, que gasta anualmente el diez por ciento más de lo que obtiene arruinando con impuestos a los contribuyentes, son tan anacrónicos como dinosaurios del Jurásico todavía con vida en el cuaternario. La desaparición del estado del bienestar, de los bancos ruinosos y de los linces ibéricos sería, como la de los dinosaurios hace 65 millones de años, un síntoma saludable de la constante evolución, garantía de supervivencia del planeta y de sus habitantes.

POLITICOS Y VOTANTES. PARASITOS Y PARASITADOS

Para ganar las elecciones y llegar desde la oposición al gobierno, el Partido Popular se hizo pasar ante los electores como justiciero vengador del desbarajuste económico provocado por lo socialistas, del que habían sido víctimas todos los ciudadanos. Cuatro meses más tarde, el gobierno del partido popular carga a las víctimas el pago de las deudas del desbarajuste y limita el castigo de los culpables al que los electores les impusieron con sus votos. En definitiva, los políticos profesionales del Partido Popular han castigado a los políticos profesionales del Partido Socialista quedándose con los cargos y enchufes que los electores les quitaron. A las víctimas del desbarajuste económico socialista—los ciudadanos—les toca pagar con sus impuestos la disputa entre ladrones y policías o policías y ladrones, que es el papel que en la política española se reparten alternativamente socialistas y populares. Y no hay por qué extrañarse porque hay tan poca diferencia entre un político profesional del Partido Popular y otro del Partido Socialista, como la que separa a un votante anónimo del PP de otro igualmente desconocido del Psoe. Es una inexactitud manifiesta de sociólogos encuesteros que los españoles se dividan en partes casi iguales entre populares y socialistas. Si de lo que se trata es de separar nítidamente en dos grupos bien definidos a la población del país, hágase: una masa mayoritaria que ejerce su privilegio de votar y un selecto grupo de notables que se beneficia de las prebendas de esos votos. Las imperceptibles diferencias de pelaje de los del primer grupo les importan poco a los del segundo: socialistas y populares son igualmente apetecibles como huéspedes parasitables tanto para los parásitos del Partido Socialista como para los del Partido Popular.

¿Para qué sirve el Consejo de Estado?

Las carreteras sirven para que las personas o las mercancías vayan de un sitio a otro, trasladadas en vehículos. Las universidades y escuelas sirven para que unos señores de más edad, llamados profesores, despierten la curiosidad por aprender y guíen el proceso de aprendizaje de otros de menos edad, conocidos por alumnos. Los hospitales y ambulatorios son instalaciones en las que expertos en preservar y restablecer la salud, conocidos por médicos y enfermeros, auscultan, diagnostican y curan a ciudadanos con enfermedades o traumas que acuden para que los cuiden, y que se conocen por pacientes. El Consejo de Estado, que se define como órgano consultivo del gobierno, es algo que no se sabe muy bien para qué sirve, aparte de para que el presidente y sus 31 consejeros cobren retribuciones superiores a 140.000 euros anuales. Esos, y otros servicios públicos, los subvenciona el estado con impuestos que hace pagar a los contribuyentes. El consejo de estado, lo mismo que las carreteras, las universidades y los hospitales, se sostienen gracias a los impuestos que el estado obliga a pagar a los contribuyentes. Así ha sido, por lo menos, hasta que la quiebra virtual de la economía española--no se sabe si porque el gobierno siguió al pié de la letra o porque rechazó las recomendaciones del consejo de estado—lo ha hecho recurrir a una financiación complementaria. En sanidad, educación y transporte por carreteras, el gobierno ha decidido que, además de los impuestos que seguirá cobrando a todos los contribuyentes, usen o no usen esos servicios públicos, sus usuarios tendrán que pagar cantidades adicionales cada vez que los utilicen. Inventos de coste ruinoso y dudosa utilidad como el consejo de estado—el Senado, los Parlamentos autonómicos, los órganos reguladores, El Consejo general del Poder Judicial, los sindicatos, las asociaciones patronales, las diputaciones provinciales, los infinitos consejos asesores—solo sirven como segunda trinchera a la que puedan retirarse políticos derrotados en primera línea. Los pagos adicionales por el uso de las carreteras, escuelas y hospitales, ¿me da su palabra (para lo que vale) el gobierno que se destinará a eso, o irá a parar a los ciento y la madre de consejos de estado, de este Estado ruinoso?

RECIPROCIDAD SOCIAL

Negarse a trabajar para no perder el trabajo era algo que, con huelga general o sin ella, Ramón Pichaymedia no entendía.
--Es que una ley del gobierno—los aleccionó El Ditero-- va a permitir que los empresarios despidan a más trabajadores por menos dinero.
Tampoco comprendía Ramón que los sindicatos hicieran pagar a los empresarios los daños que temían por una ley que no habían impulsado las organizaciones patronales, sino el gobierno.
Como cada vez que agotaban sus habilidades dialécticas sin consensuar las discrepancias, pidieron a Salomón Cabeza Sagaz que arbitrara en sus diferencias y los iluminara con su sabiduría.
Y accedió Alfonso Décimo, como apodaban algunos envidiosos a Salomón.
--Los conflictos entre empresarios y trabajadores,-- pontificó después de apurar el contenido de su copa de manzanilla—los origina la ley que regula sus relaciones, porque no se basa en la reciprocidad.
--¿Y eso qué es?—preguntaron simultáneamente El Ditero y Ramón, coincidiendo por una vez.
--No hablo del salario pactado como compensación por un servicio convenido, sino de la reciprocidad como eje inspirador del intercambio de habilidades entre individuos aparentemente antagónicos pero cuya complementación es indispensable para que los dos consigan lo que necesitan.
Se miraron asombrados Ramón y El Ditero.
--Dinos—dijo el segundo—un suponer, para que nos enteremos.
--Por ejemplo—accedió Salomón—la mujer y el hombre.
--O la tuerca—corroboró Ramón Pichaymedia—y el tornillo.
--La falta de reciprocidad entre obreros y empresarios la demuestra—añadió Alfonso Décimo cuando comprobó que los ejemplos concretos habían hecho comprender su teoría conceptual-- que los primeros tienen derecho a la huelga y a los segundos les niegan el derecho a cerrar sus empresas.
Se enzarzaron los contertulios de Salomón en una discusión sobre la obligación de la sociedad de proteger al débil frente al poderoso, a la que Alfonso Décimo asistió impasible hasta que solicitaron nuevamente su arbitraje.
--Todos--terció Alfonso Décimo--somos iguales ante la ley y su aplicación es igual para pobres y ricos. Parece lógico que, si reconoce a los primeros el derecho a negarse a trabajar, debería reconocer a los segundos el derecho a parar las máquinas que les pertenecen.
Antonio El Ditero, escurrido de carnes, asumía instintivamente y por simpatía las demandas de los desfavorecidos.
--Es que la ley reconoce el derecho a la huelga, pero no al cierre patronal.
Ramón “Pichaymedia”, con la audacia de su corpulencia, planteó:
--El mismo derecho del que se niega a trabajar conmigo cuando no quiera hacerlo debería tener yo de negarle trabajar conmigo cuando yo no quiera que lo haga.
--Qué barbaridad,-- repetía El Ditero,--una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
--Y cien pesetas—completó la idea Ramón—son veinte duros.
Salomón mientras sacaba un billete para pagar la convidada, concluyó:
--Y esos son solamente alguno de los inconvenientes de la falta de reciprocidad en la ley de relaciones laborales, culpable de tantos conflictos. Por ejemplo, si un empresario paga menos de lo acordado en el convenio colectivo a sus obreros o los obliga a trabajar más tiempo del convenido, los sindicatos protestan.
Pero si el empresario paga más a sus asalariados o les hace trabajar menos tiempo de lo acordado en el convenio, no protestan sus colegas de la patronal.