Los españoles que todavía no han paladeado las mieles de la corrupción son los pocos a los que a los bribones no les merece la pena sobornar.
Y no hay duda de que la corrupción amenaza la supervivencia de la Democracia, un bien común de mayor jerarquía que la Patria.
Por eso, los que al defender la Patria defendemos su democracia, nos sentimos convocados a combatir su mayor peligro, la corrupción.
La corrupción es tan eterna como el gazpacho.
Jacob ya sobornó a su hermano Esaú para birlarle la primogenitura, a su tío para casarse consecutivamente con Lea y Raquel y Moctezuma colmó de regalos a Cortés para que desistiera de marchar sobre Tenochtitlan, y así quedarse con México para él solo.
Strauss y Perle, hace menos tiempo, le regalaron un reloj de oro a un ahijado de Alejandro Lerroux y, sin darse cuenta, inventaron el estraperlo y, para comprobar el carácter pandémico que ha alcanzado el fenómeno, no hay más que oír un noticiero o leer un periódico.
El soborno y el aborto son coetáneos a la raza humana y a pesar de su morbilidad cada vez hay más gente en éste incómodo mundo.
Ya que se ha demostrado irradicable, habría que enfrentarse a la corrupción como al aborto: regulando la práctica del soborno para limitar su carácter fraudulento para la economía nacional.
Las autoridades de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas—que por su proximidad conocen mejor las circunstancias vitales de los ciudadanos—deberían establecer topes máximos para los sobornos a funcionarios públicos por cada servicio cuya prestación faciliten mediante la mordida.
El corruptor debería exigir al funcionario corrompido la factura pertinente en la que se especifique el monto y concepto del soborno pagado, gravado con el porcentaje del IVA correspondiente y, al hacer la declaración de la Renta, el sobornado deberá declararlo como ingreso y el sobornador podrá deducirlo como gasto.
Podrá el sobornado admitir una mordida inferior a la del tope máximo establecido, pero no podrá exigir un soborno que rebase ese tope.
Ya que la gangrena moral de la corrupción parece imposible de erradicar, por lo menos se reducirían los 240.000 millones de euros en que se calculó la economía sumergida en España, equivalente al 23 por ciento del Producto Interior Bruto.
Como inventor del sistema, y para ser congruente con la regulación de la inmoralidad que propongo, nadie negará mi derecho a beneficiarme. ¿Qué menos que el medio por ciento de la totalidad de las mordidas que se hagan públicas mediante factura?
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