RAJOY: DINERO DE LOS PENSIONISTAS PARA PAGAR ENCHUFADOS

Es más fácil saber por qué la cebolla hace llorar a quien la trocea que la necesidad de asesores personales de los políticos españoles, cuya única obligación es obedecer a los jefes de sus partidos.

Será para que los contradigan o les rían las gracia, para que se vistan según la ocasión y lloren o aplaudan en el momento oportuno.

Es evidente que todo político tiene derecho a contratar a todo el que necesite para que lo asesore. Pero que lo pague de su bolsillo y no con dinero recaudado con impuestos.  

Impedir que los políticos paguen a quienes los ayudaron en su trepa colocándolos en el Estado hubiera evitado quitar a los pensionistas lo que es de ellos para seguir dándoselo a los apesebrados políticos.

A principios del verano pasado, “El Economista” cifraba en 850 millones de euros lo que el Estado gastaba en esos cargos de confianza.

La opacidad de las contrataciones de esos enchufados y el carácter multisubsidiario de las cuentas con que se les paga impide, ni siquiera aproximadamente, estimar el gasto.

Hay asesores de contratación libre, aunque pagados con los impuestos de los contribuyentes, en el Senado, el Congreso de los Diputados, los Parlamentos Autonómicos, las Diputaciones provinciales, las mancomunidades, los ayuntamientos y el enjambre de organismos en los que, con cargo al Estado, se reserva acomodo bien pagado a desechados de la política activa.

¿Necesitará Rajoy algún asesor sin sueldo para que le aconseje donde meter la tijera con justicia y eficacia, en vez de cortar siempre en la misma tela, antes de que deje desnudos a los que siempre pagan?

Que acabe con todas las autonomías, con todos los consejos asesores, del poder judicial, de estado, de la abogacía, el tribunal constitucional, y las 438 entidades del sector público estatal.

En todas ellas, más o menos evidentes, habrá asesores satisfactoriamente colocados por políticos.

Cobran todos del Estado pero lo está por ver es si se lo ganan ayudando a lo poco que el estado hace por los ciudadanos o contribuyendo a los mucho que los políticos estorban al progreswao de la sociedad.

 Por ejemplo, los 240 asesores censados, contratados directamente por políticos, sin concurso ni oposición, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿aumentan la seguridad y el bienestar de los ciudadanos o contribuyen a aumentar la confusión y los riesgos de los madrileños?.