¿Qué puede
pensar un hombre que otro no haya pensado antes? ¿Qué puede intentar que otro
antes no haya intentado?
Esa repetición
de intenciones fallidas por circunstancias diferentes explica el progresivo
bienestar social, nunca suficiente para los individualmente insatisfechos.
Un filósofo
japonés tan alejado en el tiempo como el filósofo del siglo XII Yoritomo Dashi ya definió esa constante: “En
la humanidad nada acaba del todo. Cada cosa se detiene para volver a empezar”.
Uno de esos
momentos vive la actual España que, desencantada de la solución concertada en
1978 para resolver de una vez la conflictiva convivencia entre españoles,
intenta sustituirla por otra más adecuada.
Es inevitable
que la fórmula que se encuentre tampoco será duradera porque las circunstancias
en que se elabore evolucionarán en el futuro hasta otras distintas y los deseos
de los españoles de entonces serán diferentes de las de los actuales.
Pero un cambio
parece inevitable: adecuar las normas constitucionales a lo que los ciudadanos
exijan y no, como en 1978, a
lo que convenga a los escasos dirigentes de unos partidos políticos entonces
inexistentes.
Y ni así porque
esta sociedad española, como lo era la de 1978, sigue sin estar entrenada para
que los individuos asuman que, cada derecho que adquieran, tiene como
contrapartida la responsabilidad individual de asumir personalmente las
consecuencias de su disfrute.
Todos los
españoles, individualmente, deberían asumir:
1.- Si eligen
individualmente y con la misma capacidad de decisión a los dirigentes
políticos, se responsabilizan personalmente de las consecuencias de los fallos
que cometan en el ejercicio de la responsabilidad que les han encargado.
2.-Que, para
exigir igualdad de beneficios de trato, deben contribuir en igualdad al costo
de los servicios comunes recibidos.
3.-Que no solo
es injusto recibir menos que los demás, sino aportar menos que los otros.
4.-Que el Gobierno
del Estado no debe en ningún caso financiar sus empresas con impuestos
extraídos de empresas con las que las suyas compitan.
5.-Que,
mientras menor sea la intervención del Gobierno delEstado en la evolución
natural de la sociedad, mayor será su eficacia como administrador de los
recursos que la sociedad ponga en sus manos.
6.-Que al Gobierno
del Estado no le corresponde orientar la evolución de la sociedad hacia
objetivos ideológicos de su partido, sino ser escrupulosamente neutral en el
reajuste permanente del pensamiento de la sociedad.
Si la reforma
que se pretende no sigue, entre otras, estas normas que hagan del Estado el
administrador y no el orientador de la Sociedad, es mejor dejar que España siga
como hasta ahora. Para empeorar no hay prisas.
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