Si fue el
propio jefe de la oficina anrtifraude de Cataluña Daniel de Alfonso el que
grabó la conversación que mantuvo con Jorge Fernandez Díaz y en la que el
ministro del Interior le pidió que espiara a un sospechoso, no cometió delito
al revelarlas.
Pero si de
Alfonso no grabó ni reveló la conversación, en el hecho se cometieron dos
delitos, uno político y otro penal.
El culpable del
primero sería el ministro por coaccionar a un subordinado para que cometiera el
delito y el propio De Alfonso sería culpable del segundo, por acceder a la
petición, a sabiendas de que era ilegal.
El delito
político del ministro debería ser castigado con su cese inmediato del cargo que
desempeña y, el de la oficina antifraude, con su encausamiento penal.
Así que puede
que Mariano Rajoy, que lo nombró, puede que cese o puede que no, al ministro.
Y que los
tribunales encausen, o puede que no, a De Alfonso.
La incógnita en
el caso del ministro se resolverá, o no, en los próximo días.
En el caso de
De Alfonso se tardará más: unos cuantos de años, si tiene que resolverlo el
aparato judicial español.
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