El acuciante pálpito de una inminente devaluación del dólar lo hizo llamar a su secretaria, entregarle un cheque por la casi totalidad del saldo de su cuenta y mandarla al banco para que le comprara monedas de oro de 50 pesos, llamadas en México Centenarios.
Tuvo Irak que invadir Kuwait, 16 años después, para que el oro recuperara la cotización al que lo había comprado.
Sin escarmentar, reincidió dos o tres veces en aventuras similares. Gracias a un enviado por Mammon llamado Manuel Pizarro, le ganó unas perras a su inversión en Endesas.
Que éste prólogo sirva de aviso a los incautos, porque tan acreditado inepto en sus propias finanzas es quien tiene la osadía de aconsejar sobre las ajenas:
Es revolución liquidar lo que ha dejado de funcionar para, sobre sus ruinas, construir algo más eficaz.
El mecanismo motor de la economía, basado en la usura y en las irregulares oscilaciones de los intereses que gravan la retribución de los préstamos bancarios, se ha parado.
El crédito, sin embargo, es indispensable para que la economía, base de la prosperidad, mantenga un dinamismo homogéneo y sin oscilaciones imprevisibles.
Hay que evitar, por tanto, que quede al capricho voluntarista o interesado de los banqueros la fijación de los intereses del crédito y confiar esa responsabilidad a los poderes públicos, sujetos a la fiscalización de los electores.
No solamente se evitaría el enriquecimiento fraudulento de los banqueros a costa del diferencial que pagan a los ahorradores por su dinero y lo que cobran de intereses a sus acreedores, sino que disuadiría a los depositantes de caer en la tentación de entregar sus ahorros a los bancos, a cambio de intereses irrisorios.
No habría ahorro, lo que implicaría que, lo que a un particular le sobra para vivir, lo gastaría inmediatamente y, así, dinamizaría el consumo y la creación de empleo.
Un sistema económico cimentado en el gasto de los excedentes de salarios y beneficios aumentaría de forma uniforme y constante la demanda de bienes y servicios, su producción para adecuar la oferta a la demanda y, como consecuencia, el bienestar de la sociedad.
El aguafiestas de turno se preguntará ¿y de dónde sale el dinero para inversiones?
“Take it easy, buddy, keep cool”, lo tranquilizará el experto.
El Estado, basándose en cálculos infalibles sobre el incremento previsible de la demanda y la producción, acuñara moneda y aumentará el circulante en la misma proporción en que se estime el aumento de la riqueza.
Servirá para dotar con los fondos precisos las inversiones convenientes.
Todo resuelto. Un mundo de crecimiento económico sostenido, libre tanto de inflación como de deflación y, sobre todo, de banqueros.
Pero, además de garantizar una prosperidad estable, la Humanidad alcanzaría la paz espiritual al acatar, por fin, mandatos de la Iglesia impartidos por sus Concilios de Vienne y Letrán:
En el de Vienne, cerca de Lyon, además de suprimir a los Templarios, la Iglesia tachó en 1311 de “herejía” la práctica de la usura.
En el de Letrán, en 1179, excluyó a los usureros de la comunidad cristiana, prohibió que se les enterrara cristianamente si morían sin arrepentirse y, como prueba extrema del rigor de su condena, mandó a sus clérigos que rechazaran sus limosnas.
Inusitadamente grave debe ser para la Iglesia la usura si ni siquiera admite el dinero que puedan donarle los usureros.
-----------
(1) La anteriormente expuesta NEP es de casta distinta a su homónima que, aprobada en el décimo congreso del Partido Comunista de la URSS y promulgada el 21 de Marzo de 1921, restableció parcialmente la propiedad privada. No se deben mezclar los chivos con las cabras.
domingo, 15 de marzo de 2009
viernes, 13 de marzo de 2009
CORRUPCION: REGLAS Y TARIFAS
Sea quien sea a quien le corresponda, ya es hora de que ponga pié en pared y deje de andarse con el bolo colgando: tiene que acabar con este cachondeo de la corrupción.
Hace semanas, encuentran bajo el colchón de un alcalde 160.000 euros, poco después le regalan trajes valorados en dos millones de eternas pesetas al capitoste de una comunidad autónoma y ahora va un periódico y revela que al que manejaba las listas electorales de un partido político le echaron los Reyes un Jaguar de verdad y no de juguete.
Hasta al paradigma de la legalidad, al justiciero mayor del Reino, se le olvida decir que cobrará 40 millones de pesetas de sueldo durante la excedencia pagada que ha solicitado y le han concedido.
Como es bien sabido que el que regala bien vende, muy cándido habría que ser para creerse que el agraciado por los regalos los aceptó de bóbilis bóbils, sin retribuir a su benefactor con alguna merced a su alcance.
A esa al parecer tan extendida práctica de retribuir desde la administración pública regalos de particulares se la conoce por el feo nombre de corrupción administrativa.
Tiene similitudes con el incesto, una aberración dentro del estrecho límite de la familia, aunque la corrupción es una irregularidad en el amplio marco de la sociedad.
La corrupción provoca efectos perniciosos y no es el menor de ellos la envidia porque los funcionarios a los que nadie haya intentado sobornar se preguntarán si es que sus funciones son menos importantes que las de los sobornados y ese sentimiento, si se extendiera, podría acarrear la parálisis de la Administración.
Hay también descontento soterrado entre los sobornados al enterarse por la prensa de que otros, por menos, han percibido un soborno más generoso.
Como acabar radicalmente con la corrupción se antoja una tarea imposible, habría que intentar por lo menos regular su práctica:
El sobornador debería declarar sus gastos en sobornos que, naturalmente, podría deducir de sus ingresos en su declaración de la renta, mientras que el sobornado debería reflejar en la suya lo recibido, sumándolo a su apartado de ingresos.
El legislador haría bien, para evitar injusticias, en detallar minuciosamente el máximo que se permita percibir a un funcionario por favorecer al demandante del trato de favor y esas “tarifas por adjudicaciones irregulares” deberían ser uniformes y homogéneas para todo el territorio nacional.
La prudencia del legislador debe tener en cuenta que la corrupción administrativa es el lubricante que permite el funcionamiento de toda maquinaria política, e impide que se gripen sus piezas vitales.
La corrupción es tan inevitable como el aborto o el consumo de drogas. Como con esas prácticas indeseables, si no es posible erradicarlas, el legislador tiene obligación de regularla. ,
Hace semanas, encuentran bajo el colchón de un alcalde 160.000 euros, poco después le regalan trajes valorados en dos millones de eternas pesetas al capitoste de una comunidad autónoma y ahora va un periódico y revela que al que manejaba las listas electorales de un partido político le echaron los Reyes un Jaguar de verdad y no de juguete.
Hasta al paradigma de la legalidad, al justiciero mayor del Reino, se le olvida decir que cobrará 40 millones de pesetas de sueldo durante la excedencia pagada que ha solicitado y le han concedido.
Como es bien sabido que el que regala bien vende, muy cándido habría que ser para creerse que el agraciado por los regalos los aceptó de bóbilis bóbils, sin retribuir a su benefactor con alguna merced a su alcance.
A esa al parecer tan extendida práctica de retribuir desde la administración pública regalos de particulares se la conoce por el feo nombre de corrupción administrativa.
Tiene similitudes con el incesto, una aberración dentro del estrecho límite de la familia, aunque la corrupción es una irregularidad en el amplio marco de la sociedad.
La corrupción provoca efectos perniciosos y no es el menor de ellos la envidia porque los funcionarios a los que nadie haya intentado sobornar se preguntarán si es que sus funciones son menos importantes que las de los sobornados y ese sentimiento, si se extendiera, podría acarrear la parálisis de la Administración.
Hay también descontento soterrado entre los sobornados al enterarse por la prensa de que otros, por menos, han percibido un soborno más generoso.
Como acabar radicalmente con la corrupción se antoja una tarea imposible, habría que intentar por lo menos regular su práctica:
El sobornador debería declarar sus gastos en sobornos que, naturalmente, podría deducir de sus ingresos en su declaración de la renta, mientras que el sobornado debería reflejar en la suya lo recibido, sumándolo a su apartado de ingresos.
El legislador haría bien, para evitar injusticias, en detallar minuciosamente el máximo que se permita percibir a un funcionario por favorecer al demandante del trato de favor y esas “tarifas por adjudicaciones irregulares” deberían ser uniformes y homogéneas para todo el territorio nacional.
La prudencia del legislador debe tener en cuenta que la corrupción administrativa es el lubricante que permite el funcionamiento de toda maquinaria política, e impide que se gripen sus piezas vitales.
La corrupción es tan inevitable como el aborto o el consumo de drogas. Como con esas prácticas indeseables, si no es posible erradicarlas, el legislador tiene obligación de regularla. ,
jueves, 12 de marzo de 2009
LOS BANCOS, PARA CURAS Y POLITICOS
Cuando todos hablan mucho de algo es porque nadie sabe de lo que habla, y no hay mejor botón de muestra que la catarata de palabras derrochadas sobre la crisis económica desde que dejaron de atar los perros con longanizas.
Como la restricción de créditos por parte de la banca ha sido una de las manifestaciones más tangibles de la famosa crisis, algunos de los que la padecen, inevitablemente, reclaman la nacionalización de los bancos.
El movimiento reflejo de los banqueros no se ha hecho esperar, como ocurre con el estornudo tras el picor en las cavidades nasales, y protestan que eso de la nacionalización es una tontería.
Uno de esos protestantes interesados,Miguel Martin, Presidente de la Asociación Española de Banca, aleccionó nada menos que a los Diputados de la Comisión de y Economía de Hacienda sobre la prudencia que guía a los banqueros para conceder con cuentagotas los préstamos que les solicitan.
El banquero Martín justificó la actual racanería crediticia por la “cada vez mayor morosidad” en la devolución de los préstamos.
Puede ser, pero en Febrero de 2007, cuando le pedías a un banco un crédito de cien y te ofrecían prestarte 120, la tasa de morosidad representaba el 1,12 por ciento de la totalidad del crédito bancario concedido en España.
En Diciembre de 2008, cuando hacía meses que a los banqueros tenías que darles en el codo para que te dieran la mitad del crédito que les pedías, la morosidad era ya del 3,286 por ciento.
Como uno no es tan listo como el señor Martín, sospecha que la restricción crediticia no se ha adoptado para limitar la morosidad, sino que la morosidad la ha incrementado la restricción crediticia.
El miedo a que el Estado meta sus pezuñas en la Economía nos había convertido a algunos en defensores intuitivos de la menor intromisión posible de la política en actividades que desempeña mejor sin tutela estatal la sociedad civil.
Pero, como las defensas de Jericó cayeron a trompetazos, el temor al Estado se ha esfumado ante la evidencia de que ha sido la falta de control sobre los excesos del mercado lo que ha empozoñado la virulencia de la crisis.
Hay que volver a los orígenes remotos para enderezar el desaguisado, aunque haya que echar la vista atrás hasta el año 1179, y recuperar lo que nos mandó el concilio de Letran: “ordenamos que los usureros manifiestos no sean admitidos a la comunión y que, si mueren en pecado, no sean enterrados cristianamente y que ningún clérigo les acepte sus limosnas”.
Cuánta razón previsora tenía Santo Tomás al defender la gratuidad del préstamo y calificar de injusticia el cobro de intereses. Diecisiete siglos hemos tardado en darnos cuenta, pero nunca es tarde para rectificar.
Reestructuremos urgentemente la actividad bancaria. Que el acreedor pague, por encima del porcentaje con que el banquero retribuya los fondos que le confíen, solo lo que represente el costo del manejo burocrático de sus operaciones.
Y, ante todo, hay que retirar a los particulares de las actividades bancarias y confiarlas al Estado o/y a la Iglesia. Aunque cueste admitirlo, los políticos y los curas son mucho más fiables que los banqueros.
Como la restricción de créditos por parte de la banca ha sido una de las manifestaciones más tangibles de la famosa crisis, algunos de los que la padecen, inevitablemente, reclaman la nacionalización de los bancos.
El movimiento reflejo de los banqueros no se ha hecho esperar, como ocurre con el estornudo tras el picor en las cavidades nasales, y protestan que eso de la nacionalización es una tontería.
Uno de esos protestantes interesados,Miguel Martin, Presidente de la Asociación Española de Banca, aleccionó nada menos que a los Diputados de la Comisión de y Economía de Hacienda sobre la prudencia que guía a los banqueros para conceder con cuentagotas los préstamos que les solicitan.
El banquero Martín justificó la actual racanería crediticia por la “cada vez mayor morosidad” en la devolución de los préstamos.
Puede ser, pero en Febrero de 2007, cuando le pedías a un banco un crédito de cien y te ofrecían prestarte 120, la tasa de morosidad representaba el 1,12 por ciento de la totalidad del crédito bancario concedido en España.
En Diciembre de 2008, cuando hacía meses que a los banqueros tenías que darles en el codo para que te dieran la mitad del crédito que les pedías, la morosidad era ya del 3,286 por ciento.
Como uno no es tan listo como el señor Martín, sospecha que la restricción crediticia no se ha adoptado para limitar la morosidad, sino que la morosidad la ha incrementado la restricción crediticia.
El miedo a que el Estado meta sus pezuñas en la Economía nos había convertido a algunos en defensores intuitivos de la menor intromisión posible de la política en actividades que desempeña mejor sin tutela estatal la sociedad civil.
Pero, como las defensas de Jericó cayeron a trompetazos, el temor al Estado se ha esfumado ante la evidencia de que ha sido la falta de control sobre los excesos del mercado lo que ha empozoñado la virulencia de la crisis.
Hay que volver a los orígenes remotos para enderezar el desaguisado, aunque haya que echar la vista atrás hasta el año 1179, y recuperar lo que nos mandó el concilio de Letran: “ordenamos que los usureros manifiestos no sean admitidos a la comunión y que, si mueren en pecado, no sean enterrados cristianamente y que ningún clérigo les acepte sus limosnas”.
Cuánta razón previsora tenía Santo Tomás al defender la gratuidad del préstamo y calificar de injusticia el cobro de intereses. Diecisiete siglos hemos tardado en darnos cuenta, pero nunca es tarde para rectificar.
Reestructuremos urgentemente la actividad bancaria. Que el acreedor pague, por encima del porcentaje con que el banquero retribuya los fondos que le confíen, solo lo que represente el costo del manejo burocrático de sus operaciones.
Y, ante todo, hay que retirar a los particulares de las actividades bancarias y confiarlas al Estado o/y a la Iglesia. Aunque cueste admitirlo, los políticos y los curas son mucho más fiables que los banqueros.
miércoles, 11 de marzo de 2009
TRAVESURA DE GARZON
No hay mejor adiestramiento para burlar impunemente la ley que el que se adquiere desenmascarando y persiguiendo delincuentes.
Si en la burla se aplica la misma perseverancia y sabiduría que Baltasar Garzón derrochó para enjaular truhanes, el diestro tunante seguramente se irá de rositas aunque no deje ley sin violar,como vaticina Alvaro Llorca.
Además de su experiencia en martingalas judiciales, la inteligencia nada común de Garzón le permite acometer la hábil maniobra de tirar la piedra y esconder la mano.
Lo demuestra que, por lo mismo que a Mariano Fernández Bermejo le costó su chamba de ministro, a Garzón no le ha costado la suya de justiciero.
Y no es que Bermejo (palabra con la que los redichos se refieren al rojo) fuera un zote.
A pesar de que en democracia cualquiera puede ser ministro, sobre todo en el gobierno del presidente con apellido de remendón, Mariano Fernández seguramente sería más listo que sus correligionarios a los que no les tocó en suerte una cartera ministerial.
Parece que al juez tan intransigente con las debilidades de otros como tolerante con las propias, quieren sacarle los colores porque se embolsó sin que tuviera derecho a hacerlo cuarenta o cincuenta millones de pesetas.
No contaban con la astucia de Garzón porque los colores se los sacarán pero no la pasta ya que la sanción por la supuesta irregularidad ha prescrito antes de que se descubriera.
Acusaciones son esas basadas en la envidia y no en el amor a la justicia. ¿Quien, si hubiera tenido la ocasión y el convencimiento de que no lo iban a descubrir, no habría hecho lo mismo que Garzón?
Sería una hipocresía afearle su conducta pero, si es verdad que ha hecho lo que se dice, merece un castigo por su presunta falta, pero no por haberse quedado con el dinero sino por no ser lo bastante cuidadoso para evitar que lo descubrieran.
Tampoco sería justo, aunque fuera legal, que el omnisciente Garzón fuera sancionado con igual severidad que si se tratara de un chorizo común, ignorante de los vericuetos de la ley.
Aplicar la ley con el mismo rigor al que no tiene más relación con ella que la de acatarla y al que pagan por hacerla acatar sería una injusticia manifiesta.
Por su demostrada incapacidad profesional para que quedara por siempre oculta su supuesta debilidad, Garzón se merece que lo aparten de sus funciones de juez y, si no hay manera de que devuelva la pasta, que le aproveche.
Pero que demuestre que es tan listo como se dice y lo obliguen a montar una empresa de exportación de helados a Verkoyansk. Así se beneficiaría, en estos tiempos de crisis, la economía española.
Si en la burla se aplica la misma perseverancia y sabiduría que Baltasar Garzón derrochó para enjaular truhanes, el diestro tunante seguramente se irá de rositas aunque no deje ley sin violar,como vaticina Alvaro Llorca.
Además de su experiencia en martingalas judiciales, la inteligencia nada común de Garzón le permite acometer la hábil maniobra de tirar la piedra y esconder la mano.
Lo demuestra que, por lo mismo que a Mariano Fernández Bermejo le costó su chamba de ministro, a Garzón no le ha costado la suya de justiciero.
Y no es que Bermejo (palabra con la que los redichos se refieren al rojo) fuera un zote.
A pesar de que en democracia cualquiera puede ser ministro, sobre todo en el gobierno del presidente con apellido de remendón, Mariano Fernández seguramente sería más listo que sus correligionarios a los que no les tocó en suerte una cartera ministerial.
Parece que al juez tan intransigente con las debilidades de otros como tolerante con las propias, quieren sacarle los colores porque se embolsó sin que tuviera derecho a hacerlo cuarenta o cincuenta millones de pesetas.
No contaban con la astucia de Garzón porque los colores se los sacarán pero no la pasta ya que la sanción por la supuesta irregularidad ha prescrito antes de que se descubriera.
Acusaciones son esas basadas en la envidia y no en el amor a la justicia. ¿Quien, si hubiera tenido la ocasión y el convencimiento de que no lo iban a descubrir, no habría hecho lo mismo que Garzón?
Sería una hipocresía afearle su conducta pero, si es verdad que ha hecho lo que se dice, merece un castigo por su presunta falta, pero no por haberse quedado con el dinero sino por no ser lo bastante cuidadoso para evitar que lo descubrieran.
Tampoco sería justo, aunque fuera legal, que el omnisciente Garzón fuera sancionado con igual severidad que si se tratara de un chorizo común, ignorante de los vericuetos de la ley.
Aplicar la ley con el mismo rigor al que no tiene más relación con ella que la de acatarla y al que pagan por hacerla acatar sería una injusticia manifiesta.
Por su demostrada incapacidad profesional para que quedara por siempre oculta su supuesta debilidad, Garzón se merece que lo aparten de sus funciones de juez y, si no hay manera de que devuelva la pasta, que le aproveche.
Pero que demuestre que es tan listo como se dice y lo obliguen a montar una empresa de exportación de helados a Verkoyansk. Así se beneficiaría, en estos tiempos de crisis, la economía española.
martes, 10 de marzo de 2009
ESQUIZOFRENIA ESPAÑOLA
Si en a la Transición Democrática no hubiera influido el miedo a la guerra civil que originó la dictadura, habría ahora dos regiones con estatutos de autonomía que fijaran sus obligaciones y deberes con el resto de España.
La torpe argucia de inventar estatutos para todos, con el propósito de difuminar la trascendencia de los de Cataluña y Euskadi—las dos únicas que lo demandaban—se podría y debería haber evitado.
El resto de las regiones españolas se hubiera contentado con una generosa descentralización administrativa, sin necesidad de capacidad legislativa que, fatalmente, auspicia el separatismo.
Si los pilotos de la Transición hubieran sido valientes, habrían neutralizado el enfrentamiento sobre la forma de organización territorial y, como en la mayor parte de los países del mundo, solo centraría la disputa política en España la orientación ideológica del Estado.
Consecuencia de esa torpeza es que partidos que comparten una misma filosofía sobre las atribuciones del Estado, como el Popular y el Nacionalista Vasco, se coaligarían cómodamente para formar el proximo gobierno de Euskadi.
Pero su discrepancia sobre la organización territorial los convierte en aliados imposibles.
La concepción ideológica del Estado de PNV y PSOE es diametralmente opuesta y, sin embargo, los nacionalistas parecen ansiosos de renovar la alianza que, no hace mucho, les permitió gobernar juntos.
Lo mismo ocurre en Cataluña, donde el Partido Popular y Convergencia i Unió son ideológicamente afines pero incapaces de conciliar sus discrepancias sobre la relación de aquella parte de España con el resto del territorio nacional.
El Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió defienden posiciones coincidentes en cuanto a la tutela pública de la economía, educación, familia, libertades individuales, administración de justicia, relaciones exteriores e influencia en la cultura de la religión.
A pesar de tantas afinidades ideológicas, la discrepancia sobre la intensidad del encaje de sus realidades regionales en el conjunto de España les impide llegar a acuerdos generales de cooperación política.
Catalanes y vascos aceptaron a regañadientes la fórmula de la España de las autonomías ideada para salir del paso en el proceso de la Transición Democrática, aunque las fuerzas nacionalistas nunca ocultaron que consideraban el acuerdo como provisional y punto de partida hacia objetivos de autogobierno más amplios.
A medida que el tiempo pasa, aquella solución provisional, en lugar de mitigar las discrepancias iniciales, las encona y cada vez parece más difícil una solución definitiva y satisfactoria para todos.
Antes de que sea demasiado tarde y con España ya integrada en el ámbito multinacional de la Unión Europea a la que no pertenecía cuando emprendió la transición, urge encontrar un acuerdo para que los nacionalistas de Cataluña y Euskadi se sientan cómodos formando parte de España, con estatutos aceptados sin reservas y que tengan intención de definitivos.
Hasta que los españoles curen su peculiar esquizofrenia politico-ideológica, la alternancia en el poder de los partidos estará contaminada por la singularidad del procedimiento por el que la historia articuló la nación.
La torpe argucia de inventar estatutos para todos, con el propósito de difuminar la trascendencia de los de Cataluña y Euskadi—las dos únicas que lo demandaban—se podría y debería haber evitado.
El resto de las regiones españolas se hubiera contentado con una generosa descentralización administrativa, sin necesidad de capacidad legislativa que, fatalmente, auspicia el separatismo.
Si los pilotos de la Transición hubieran sido valientes, habrían neutralizado el enfrentamiento sobre la forma de organización territorial y, como en la mayor parte de los países del mundo, solo centraría la disputa política en España la orientación ideológica del Estado.
Consecuencia de esa torpeza es que partidos que comparten una misma filosofía sobre las atribuciones del Estado, como el Popular y el Nacionalista Vasco, se coaligarían cómodamente para formar el proximo gobierno de Euskadi.
Pero su discrepancia sobre la organización territorial los convierte en aliados imposibles.
La concepción ideológica del Estado de PNV y PSOE es diametralmente opuesta y, sin embargo, los nacionalistas parecen ansiosos de renovar la alianza que, no hace mucho, les permitió gobernar juntos.
Lo mismo ocurre en Cataluña, donde el Partido Popular y Convergencia i Unió son ideológicamente afines pero incapaces de conciliar sus discrepancias sobre la relación de aquella parte de España con el resto del territorio nacional.
El Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió defienden posiciones coincidentes en cuanto a la tutela pública de la economía, educación, familia, libertades individuales, administración de justicia, relaciones exteriores e influencia en la cultura de la religión.
A pesar de tantas afinidades ideológicas, la discrepancia sobre la intensidad del encaje de sus realidades regionales en el conjunto de España les impide llegar a acuerdos generales de cooperación política.
Catalanes y vascos aceptaron a regañadientes la fórmula de la España de las autonomías ideada para salir del paso en el proceso de la Transición Democrática, aunque las fuerzas nacionalistas nunca ocultaron que consideraban el acuerdo como provisional y punto de partida hacia objetivos de autogobierno más amplios.
A medida que el tiempo pasa, aquella solución provisional, en lugar de mitigar las discrepancias iniciales, las encona y cada vez parece más difícil una solución definitiva y satisfactoria para todos.
Antes de que sea demasiado tarde y con España ya integrada en el ámbito multinacional de la Unión Europea a la que no pertenecía cuando emprendió la transición, urge encontrar un acuerdo para que los nacionalistas de Cataluña y Euskadi se sientan cómodos formando parte de España, con estatutos aceptados sin reservas y que tengan intención de definitivos.
Hasta que los españoles curen su peculiar esquizofrenia politico-ideológica, la alternancia en el poder de los partidos estará contaminada por la singularidad del procedimiento por el que la historia articuló la nación.
domingo, 8 de marzo de 2009
EL DEPORTE, PELIGRO PARA LA HUMANIDAD
Hay creencias que, sin otro mérito que el de que nadie las ponga en duda, pasan por verdades irrefutables.
Arguyendo ese consentimiento unánime, se admitió durante siglos la creación divina del hombre, hasta que Charles Darwin publicó en 1859 su “Teoría de las especies” y posteriormente “El origen del hombre y la selección con relación al sexo”, base de las teorías que hoy explican al hombre como resultado de un proceso evolutivo.
Sería una temeridad discutir la esencia de esa teoría a un sabio tan famoso y, además, inglés, pero es obligatorio corregir una de sus conclusiones: la de que el hombre es consecuencia de la evolución del mono porque, lo que parece evidente, es que es el mono consecuencia de la degradación del hombre.
Circula desde hace años otra peregrina teoría: la de la bondad del deporte y su eficacia para potenciar virtudes de la raza humana como la nobleza y la fraternidad entre los pueblos.
¿Cómo puede ser así, si el objetivo del deportista es imponerse a un semejante, valiéndose de su prepotencia y de toda clase de ardides para ganar?
¿Es noble disparar el balón hacia el ángulo opuesto a aquél en el que se encuentra el portero? ¿Qué hidalguía demuestra el ciclista que demarra cuando su compañero de fuga evidencia cansancio? ¿Fomenta el altruismo la artera intención del tenista al colocar la pelota exactamente donde su contrario no pueda devolverla?
El deporte, está demostrado, exacerba las pasiones entre los competidores y, como en Julio de 1969, puede provocar guerras parecidas a la que se originó entre El Salvador y Honduras tras un partido de sus selecciones nacionales.
¿Quién puede poner en duda que la animadversión natural y recíproca de barceloneses y madrileños la agrava la rivalidad entre el Club de Fútbol Barcelona y el Real Madrid?
Hay circunstancias coincidentes que merece la pena analizar para una cumplida comprensión de la complejidad del problema: la primera es la rara coincidencia de los adversarios en culpar al árbitro de su infortunio.
Siendo el árbitro, como es, el encargado de hacer respetar las reglas, ¿no es la crítica de su actuación un intento deliberado de desprestigiar, por extensión, a todos los agentes y representantes de la autoridad?
Se eliminan así elementos moderadores que pudieran limitar los daños de las pasiones desbocadas.
La prudencia aconseja sospechar que, como nada de lo que ocurre en la sociedad es casual, el fomento del deporte como práctica y como espectáculo es deliberado y consecuencia de una conjura para exterminar, o al menos diezmar, a la población de la Humanidad.
Fomentar el odio y el enfrentamiento de los fanáticos del deporte es uno de los medios para conseguir ese fin, con el concurso complementario de erradicar el consumo del tabaco, para eliminar sus efectos sedantes sobre las turbas asesinas.
Hay que identificar urgentemente a los impulsores de la conjura para combatirla y contrarrestarla, y nada más fácil que hacerse la pregunta del investigador clásico: ¿a quién beneficia?
Naturalmente, a los ecologistas, tan enemigos del tabaco como defensores de que la naturaleza, sin la profanación humana, se conserve como en el quinto día de la Creación.
Conspiran para que, mientras menos sean los habitantes de la tierra, menos casas construyan y menos bichos tengan que esconderse para que no se los coman.
Han decidido fomentar el deporte como medio de exterminar a la Humanidad y limpiar al Planeta de impurezas contaminantes.
Ingrata obligación de los sabios de hoy es advertirlo, y yo he cumplido con esa obligación. Que la humanidad, después de mi aviso, haga lo que quiera.
Arguyendo ese consentimiento unánime, se admitió durante siglos la creación divina del hombre, hasta que Charles Darwin publicó en 1859 su “Teoría de las especies” y posteriormente “El origen del hombre y la selección con relación al sexo”, base de las teorías que hoy explican al hombre como resultado de un proceso evolutivo.
Sería una temeridad discutir la esencia de esa teoría a un sabio tan famoso y, además, inglés, pero es obligatorio corregir una de sus conclusiones: la de que el hombre es consecuencia de la evolución del mono porque, lo que parece evidente, es que es el mono consecuencia de la degradación del hombre.
Circula desde hace años otra peregrina teoría: la de la bondad del deporte y su eficacia para potenciar virtudes de la raza humana como la nobleza y la fraternidad entre los pueblos.
¿Cómo puede ser así, si el objetivo del deportista es imponerse a un semejante, valiéndose de su prepotencia y de toda clase de ardides para ganar?
¿Es noble disparar el balón hacia el ángulo opuesto a aquél en el que se encuentra el portero? ¿Qué hidalguía demuestra el ciclista que demarra cuando su compañero de fuga evidencia cansancio? ¿Fomenta el altruismo la artera intención del tenista al colocar la pelota exactamente donde su contrario no pueda devolverla?
El deporte, está demostrado, exacerba las pasiones entre los competidores y, como en Julio de 1969, puede provocar guerras parecidas a la que se originó entre El Salvador y Honduras tras un partido de sus selecciones nacionales.
¿Quién puede poner en duda que la animadversión natural y recíproca de barceloneses y madrileños la agrava la rivalidad entre el Club de Fútbol Barcelona y el Real Madrid?
Hay circunstancias coincidentes que merece la pena analizar para una cumplida comprensión de la complejidad del problema: la primera es la rara coincidencia de los adversarios en culpar al árbitro de su infortunio.
Siendo el árbitro, como es, el encargado de hacer respetar las reglas, ¿no es la crítica de su actuación un intento deliberado de desprestigiar, por extensión, a todos los agentes y representantes de la autoridad?
Se eliminan así elementos moderadores que pudieran limitar los daños de las pasiones desbocadas.
La prudencia aconseja sospechar que, como nada de lo que ocurre en la sociedad es casual, el fomento del deporte como práctica y como espectáculo es deliberado y consecuencia de una conjura para exterminar, o al menos diezmar, a la población de la Humanidad.
Fomentar el odio y el enfrentamiento de los fanáticos del deporte es uno de los medios para conseguir ese fin, con el concurso complementario de erradicar el consumo del tabaco, para eliminar sus efectos sedantes sobre las turbas asesinas.
Hay que identificar urgentemente a los impulsores de la conjura para combatirla y contrarrestarla, y nada más fácil que hacerse la pregunta del investigador clásico: ¿a quién beneficia?
Naturalmente, a los ecologistas, tan enemigos del tabaco como defensores de que la naturaleza, sin la profanación humana, se conserve como en el quinto día de la Creación.
Conspiran para que, mientras menos sean los habitantes de la tierra, menos casas construyan y menos bichos tengan que esconderse para que no se los coman.
Han decidido fomentar el deporte como medio de exterminar a la Humanidad y limpiar al Planeta de impurezas contaminantes.
Ingrata obligación de los sabios de hoy es advertirlo, y yo he cumplido con esa obligación. Que la humanidad, después de mi aviso, haga lo que quiera.
viernes, 6 de marzo de 2009
ABORTO Y FLAMENCO
Puede que la reforma de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo sea la iniciativa más delicada y de repercusión más duradera para la sociedad española de la segunda legislatura del gobierno socialista.
La responsabilidad de su aprobación recaerá en los 350 diputados que ahora integran el Congreso pero tendrá consecuencias que trascienden a su coyuntural composición.
La medida, en cuyo debate deberán tenerse en cuenta sensibilidades sociales, religiosas y culturales, además de razones biológicas, médicas, éticas e ideológicas, supone una tutela o intromisión del estado en convicciones íntimas.
Por el impacto que tendrá en generaciones futuras, debería tutelar la reforma quien sepa coordinar con prudencia todos esos condicionantes delicados.
La personalidad de alcances humanistas tan amplios, a la que el presidente del gobierno ha encomendado esa tarea, es Bibiana Aído, Ministra de Igualdad.
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, empleada durante diez meses en una entidad bancaria privada y durante otros tres meses en otro banco, fue candidata sin suerte en dos elecciones en su provincia, Cádiz, antes de que, en Febrero de 2003, la nombraran Delegada de la Consejería de Cultura en Cádiz y Directora de la Junta Andaluza para el Desarrollo del Flamenco de donde pasó, en Abril de 2008 y a los 31 años de edad, a Ministra de Igualdad..
A los que ignoran el inagotable caudal de filosofía empírica, de conocimientos de la sensibilidad y el sufrimiento humanos y de sabiduría biológica, medioambiental y social que el flamenco atesora, podría parecerles liviano el bagaje de Bibiana.
Se equivocan. El flamenco debería ser asignatura obligatoria para el que pretenda aliviar los sufrimientos del pueblo, y la ley de reforma de la interrupción voluntaria del embarazo tiene esa noble meta como fin: librar, a quien lo padezca, de los sinsabores de un embarazo indeseado.
“Qué son penas me preguntas
no te lo puedo explicar
las penas son del que sufre
y no son de nadie más”
Critican los que se oponen a la ley la escasa formación científica de la ministra:
“Pensabas que eres la ciencia
y yo no lo entiendo así
porque siendo tú la ciencia
no me has entendido a mí”.
¿Y cómo quejarse de no tener en cuenta al feto-embrión?:
“No niego que te he querío
lo que me pesa en el alma
es no haberte conocío”.
Se quejan, aludiendo al torpe magisterio de escolásticos medievales, que establecían una diferencia mayor entre el nacido y el no nacido que entre el nacido más afortunado y el más desgraciado, de que la tutela del nascituro debe ser preeminente en lo que se refiera al embarazo.
Pero, en la Edad Media, el hombre nacía para sufrir en esta vida y, así, merecer la felicidad de la vida eterna.En una sociedad democrática, ¿quién discute que es el placer el objetivo de la vida que, sin placer, no tiene sentido?¿qué placer puede esperar de la vida quien no tenga garantizada una alimentación equilibrada, ropa de marca, educación mediante la persuasión, vacaciones anuales y ocupación remunerada durante un máximo de 35 horas semanales?
Nacer, sin esas mínimas garantías, es condenar al sufrimiento al nacido.
“Acaba, penita, acaba
acaba ya de una vez
que con el morir se acaba
el penar y el padecer”.
La ley del aborto, dicen sus detractores, reducirá todavía más el ya peligrosamente bajo índice de fertilidad y amenazará la adecuada estabilidad de la población: no hay que preocuparse porque los índices de mortalidad infantil, ya en tasas aceptables, tienden a mejorar y, para renovar la población, queda el recurso de adoptar niños exóticos, mucho más “fashionables” que los nativos.
Entre las muchas insinuaciones maliciosas destaca la de que la ley, y su impulsora, ignoran sus aspectos negativos y los quieren enmascarar tras las supuestas ventajas de su entrada en vigor. No conciben que Bibiana Aido puede que esté haciendo de tripas corazón y sacrifique sus convicciones personales en favor de conveniencias generales:
“Yo no tengo más remedio
que agachar la cabecita
y decir que lo blanco es negro”.
La responsabilidad de su aprobación recaerá en los 350 diputados que ahora integran el Congreso pero tendrá consecuencias que trascienden a su coyuntural composición.
La medida, en cuyo debate deberán tenerse en cuenta sensibilidades sociales, religiosas y culturales, además de razones biológicas, médicas, éticas e ideológicas, supone una tutela o intromisión del estado en convicciones íntimas.
Por el impacto que tendrá en generaciones futuras, debería tutelar la reforma quien sepa coordinar con prudencia todos esos condicionantes delicados.
La personalidad de alcances humanistas tan amplios, a la que el presidente del gobierno ha encomendado esa tarea, es Bibiana Aído, Ministra de Igualdad.
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, empleada durante diez meses en una entidad bancaria privada y durante otros tres meses en otro banco, fue candidata sin suerte en dos elecciones en su provincia, Cádiz, antes de que, en Febrero de 2003, la nombraran Delegada de la Consejería de Cultura en Cádiz y Directora de la Junta Andaluza para el Desarrollo del Flamenco de donde pasó, en Abril de 2008 y a los 31 años de edad, a Ministra de Igualdad..
A los que ignoran el inagotable caudal de filosofía empírica, de conocimientos de la sensibilidad y el sufrimiento humanos y de sabiduría biológica, medioambiental y social que el flamenco atesora, podría parecerles liviano el bagaje de Bibiana.
Se equivocan. El flamenco debería ser asignatura obligatoria para el que pretenda aliviar los sufrimientos del pueblo, y la ley de reforma de la interrupción voluntaria del embarazo tiene esa noble meta como fin: librar, a quien lo padezca, de los sinsabores de un embarazo indeseado.
“Qué son penas me preguntas
no te lo puedo explicar
las penas son del que sufre
y no son de nadie más”
Critican los que se oponen a la ley la escasa formación científica de la ministra:
“Pensabas que eres la ciencia
y yo no lo entiendo así
porque siendo tú la ciencia
no me has entendido a mí”.
¿Y cómo quejarse de no tener en cuenta al feto-embrión?:
“No niego que te he querío
lo que me pesa en el alma
es no haberte conocío”.
Se quejan, aludiendo al torpe magisterio de escolásticos medievales, que establecían una diferencia mayor entre el nacido y el no nacido que entre el nacido más afortunado y el más desgraciado, de que la tutela del nascituro debe ser preeminente en lo que se refiera al embarazo.
Pero, en la Edad Media, el hombre nacía para sufrir en esta vida y, así, merecer la felicidad de la vida eterna.En una sociedad democrática, ¿quién discute que es el placer el objetivo de la vida que, sin placer, no tiene sentido?¿qué placer puede esperar de la vida quien no tenga garantizada una alimentación equilibrada, ropa de marca, educación mediante la persuasión, vacaciones anuales y ocupación remunerada durante un máximo de 35 horas semanales?
Nacer, sin esas mínimas garantías, es condenar al sufrimiento al nacido.
“Acaba, penita, acaba
acaba ya de una vez
que con el morir se acaba
el penar y el padecer”.
La ley del aborto, dicen sus detractores, reducirá todavía más el ya peligrosamente bajo índice de fertilidad y amenazará la adecuada estabilidad de la población: no hay que preocuparse porque los índices de mortalidad infantil, ya en tasas aceptables, tienden a mejorar y, para renovar la población, queda el recurso de adoptar niños exóticos, mucho más “fashionables” que los nativos.
Entre las muchas insinuaciones maliciosas destaca la de que la ley, y su impulsora, ignoran sus aspectos negativos y los quieren enmascarar tras las supuestas ventajas de su entrada en vigor. No conciben que Bibiana Aido puede que esté haciendo de tripas corazón y sacrifique sus convicciones personales en favor de conveniencias generales:
“Yo no tengo más remedio
que agachar la cabecita
y decir que lo blanco es negro”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)