Negarse a trabajar para no perder el trabajo era algo que, con huelga general o sin ella, Ramón Pichaymedia no entendía.
--Es que una ley del gobierno—los aleccionó El Ditero-- va a permitir que los empresarios despidan a más trabajadores por menos dinero.
Tampoco comprendía Ramón que los sindicatos hicieran pagar a los empresarios los daños que temían por una ley que no habían impulsado las organizaciones patronales, sino el gobierno.
Como cada vez que agotaban sus habilidades dialécticas sin consensuar las discrepancias, pidieron a Salomón Cabeza Sagaz que arbitrara en sus diferencias y los iluminara con su sabiduría.
Y accedió Alfonso Décimo, como apodaban algunos envidiosos a Salomón.
--Los conflictos entre empresarios y trabajadores,-- pontificó después de apurar el contenido de su copa de manzanilla—los origina la ley que regula sus relaciones, porque no se basa en la reciprocidad.
--¿Y eso qué es?—preguntaron simultáneamente El Ditero y Ramón, coincidiendo por una vez.
--No hablo del salario pactado como compensación por un servicio convenido, sino de la reciprocidad como eje inspirador del intercambio de habilidades entre individuos aparentemente antagónicos pero cuya complementación es indispensable para que los dos consigan lo que necesitan.
Se miraron asombrados Ramón y El Ditero.
--Dinos—dijo el segundo—un suponer, para que nos enteremos.
--Por ejemplo—accedió Salomón—la mujer y el hombre.
--O la tuerca—corroboró Ramón Pichaymedia—y el tornillo.
--La falta de reciprocidad entre obreros y empresarios la demuestra—añadió Alfonso Décimo cuando comprobó que los ejemplos concretos habían hecho comprender su teoría conceptual-- que los primeros tienen derecho a la huelga y a los segundos les niegan el derecho a cerrar sus empresas.
Se enzarzaron los contertulios de Salomón en una discusión sobre la obligación de la sociedad de proteger al débil frente al poderoso, a la que Alfonso Décimo asistió impasible hasta que solicitaron nuevamente su arbitraje.
--Todos--terció Alfonso Décimo--somos iguales ante la ley y su aplicación es igual para pobres y ricos. Parece lógico que, si reconoce a los primeros el derecho a negarse a trabajar, debería reconocer a los segundos el derecho a parar las máquinas que les pertenecen.
Antonio El Ditero, escurrido de carnes, asumía instintivamente y por simpatía las demandas de los desfavorecidos.
--Es que la ley reconoce el derecho a la huelga, pero no al cierre patronal.
Ramón “Pichaymedia”, con la audacia de su corpulencia, planteó:
--El mismo derecho del que se niega a trabajar conmigo cuando no quiera hacerlo debería tener yo de negarle trabajar conmigo cuando yo no quiera que lo haga.
--Qué barbaridad,-- repetía El Ditero,--una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
--Y cien pesetas—completó la idea Ramón—son veinte duros.
Salomón mientras sacaba un billete para pagar la convidada, concluyó:
--Y esos son solamente alguno de los inconvenientes de la falta de reciprocidad en la ley de relaciones laborales, culpable de tantos conflictos. Por ejemplo, si un empresario paga menos de lo acordado en el convenio colectivo a sus obreros o los obliga a trabajar más tiempo del convenido, los sindicatos protestan.
Pero si el empresario paga más a sus asalariados o les hace trabajar menos tiempo de lo acordado en el convenio, no protestan sus colegas de la patronal.
lunes, 16 de abril de 2012
miércoles, 28 de marzo de 2012
ANDALUCIA: DERROTA PROVECHOSA Y TRIUNFO ESTERIL
El miedo a los inconvenientes de la austeridad Influyó más en el voto de los andaluces que su disposición a limitar los abusos de la corrupción.
Las elecciones autonómicas del 25 de marzo confirmaron que el Partido Socialista sabe usar el sistema para controlar el poder político, y que el Partido Popular sigue ignorándolo.
Para los socialistas, ganar las elecciones no es un objetivo en sí mismo, sino la herramienta para conseguir y conservar el poder.
Se supone que gana las elecciones el partido capaz de convencer a los votantes de que sus propuestas son las más adecuadas para resolver los problemas de que la sociedad se queja.
Pero han aprendido los socialistas que persuadir a los electores de que el suyo es el programa más adecuado es tan rentable como hacerlos dudar de la idoneidad de las propuestas del adversario, acusándolo de ocultar sus verdaderos propósitos hasta que gane las elecciones.
El Partido Popular, que limitó sus propuestas a combatir las manifestaciones de la corrupción generada por el régimen socialista, no sugirió que renunciaría a la tutela de la sociedad civil para eliminar la corrupción.
El Partido Popular se comprometió a acabar con el derroche de fondos públicos y con la generalizada sensación de malversación en la administración regional.
Pero no ofreció otra herramienta para cumplir su propósito que la promesa de honestidad personal de sus dirigentes.
En los cuatro meses transcurridos desde que los populares desplazaron a los socialistas de diputaciones y ayuntamientos andaluces, no han eliminado organismos y empresas públicas superfluas, ni han sugerido que devolverán a la iniciativa privada las actividades lucrativas en las que el Estado hace competencia desleal a través de sus empresas subvencionadas.
El resultado de las elecciones del 25 de marzo convertirá en inútil el triunfo electoral de los populares que se quedarían sin gobernar, y hará fructíficar la derrota socialista porque seguirían gobernando peso a no haber sido los más votados.
Quedaría Anadalucía, pues, más o menos como hasta ahora porque no entraba en la ideología de los populares o no se atrevieron a proponer eliminar el sistema impulsado por los socialistas de tutelar con subvenciones públicas a todas las actividades sociales.
Une a socialistas y populares la creencia de que el Estado, por medio de sus administraciones y empresas, debe tutelar a una sociedad como la española, formada por individuos incapaces de decidir por sí mismos lo que quieren y les conviene.
Como los socialdemócratas dogmáticos del Partido Socialista, los socialdemócratas pragmáticos del Partido Popular ,parecen convencidos de que es el Estado el que debe orientar a la sociedad y no la sociedad la que debe determinar la orientación del Estado.
El 25 de Marzo, los electores andaluces dieron sus votos, por orden de preferencia, al Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, pero sin que ninguno de ellos tenga capacidad de formar gobierno sin el apoyo o la abstención de alguno de los otros.
Es previsible, pues, un entendimiento del Partido Socialista e Izquierda Unida, las dos fuerzas ideológicas más afines, dejaría fuera del poder al Partido Popular, el más votado y, comparativamente, el menos entusiasta de la intromisión del Estado en asuntos de la sociedad civil.
Si los cambios promovidos por el Partido Popular en la gestión de ayuntamientos y diputaciones desde mayo de 2011 sirvieran de pauta de los que hubiera acometido en la administración regional si el 25 de marzo hubiera logrado mayoría suficiente para formar gobierno en solitario, Andalucía hubiera seguido siendo gobernada más o menos como bajo los socialistas.
Los banales cambios en las administraciones bajo control popular desde mayo, si sirvieran de indicio de lo que podía esperarse de una administración regional bajo su tutela, no justifican las expectativas depositadas en su triunfo.
Puede que quienes recetan el misma jarabe a todos los enfermos, se extrañen de que los andaluces hayan preferido convivir con la corrupción conocida, al precio de dejar al estado que decida por el individuo, en lugar de que cada cual asuma el rango de su bienestar según el sacrificio de su esfuerzo.
Es de gente sabia, como la andaluza, rehuir la responsabilidad de decidir y privar al que sufra las consecuencias del consuelo de culpar de sus desgracias al que decidió en su nombre.
Las elecciones autonómicas del 25 de marzo confirmaron que el Partido Socialista sabe usar el sistema para controlar el poder político, y que el Partido Popular sigue ignorándolo.
Para los socialistas, ganar las elecciones no es un objetivo en sí mismo, sino la herramienta para conseguir y conservar el poder.
Se supone que gana las elecciones el partido capaz de convencer a los votantes de que sus propuestas son las más adecuadas para resolver los problemas de que la sociedad se queja.
Pero han aprendido los socialistas que persuadir a los electores de que el suyo es el programa más adecuado es tan rentable como hacerlos dudar de la idoneidad de las propuestas del adversario, acusándolo de ocultar sus verdaderos propósitos hasta que gane las elecciones.
El Partido Popular, que limitó sus propuestas a combatir las manifestaciones de la corrupción generada por el régimen socialista, no sugirió que renunciaría a la tutela de la sociedad civil para eliminar la corrupción.
El Partido Popular se comprometió a acabar con el derroche de fondos públicos y con la generalizada sensación de malversación en la administración regional.
Pero no ofreció otra herramienta para cumplir su propósito que la promesa de honestidad personal de sus dirigentes.
En los cuatro meses transcurridos desde que los populares desplazaron a los socialistas de diputaciones y ayuntamientos andaluces, no han eliminado organismos y empresas públicas superfluas, ni han sugerido que devolverán a la iniciativa privada las actividades lucrativas en las que el Estado hace competencia desleal a través de sus empresas subvencionadas.
El resultado de las elecciones del 25 de marzo convertirá en inútil el triunfo electoral de los populares que se quedarían sin gobernar, y hará fructíficar la derrota socialista porque seguirían gobernando peso a no haber sido los más votados.
Quedaría Anadalucía, pues, más o menos como hasta ahora porque no entraba en la ideología de los populares o no se atrevieron a proponer eliminar el sistema impulsado por los socialistas de tutelar con subvenciones públicas a todas las actividades sociales.
Une a socialistas y populares la creencia de que el Estado, por medio de sus administraciones y empresas, debe tutelar a una sociedad como la española, formada por individuos incapaces de decidir por sí mismos lo que quieren y les conviene.
Como los socialdemócratas dogmáticos del Partido Socialista, los socialdemócratas pragmáticos del Partido Popular ,parecen convencidos de que es el Estado el que debe orientar a la sociedad y no la sociedad la que debe determinar la orientación del Estado.
El 25 de Marzo, los electores andaluces dieron sus votos, por orden de preferencia, al Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, pero sin que ninguno de ellos tenga capacidad de formar gobierno sin el apoyo o la abstención de alguno de los otros.
Es previsible, pues, un entendimiento del Partido Socialista e Izquierda Unida, las dos fuerzas ideológicas más afines, dejaría fuera del poder al Partido Popular, el más votado y, comparativamente, el menos entusiasta de la intromisión del Estado en asuntos de la sociedad civil.
Si los cambios promovidos por el Partido Popular en la gestión de ayuntamientos y diputaciones desde mayo de 2011 sirvieran de pauta de los que hubiera acometido en la administración regional si el 25 de marzo hubiera logrado mayoría suficiente para formar gobierno en solitario, Andalucía hubiera seguido siendo gobernada más o menos como bajo los socialistas.
Los banales cambios en las administraciones bajo control popular desde mayo, si sirvieran de indicio de lo que podía esperarse de una administración regional bajo su tutela, no justifican las expectativas depositadas en su triunfo.
Puede que quienes recetan el misma jarabe a todos los enfermos, se extrañen de que los andaluces hayan preferido convivir con la corrupción conocida, al precio de dejar al estado que decida por el individuo, en lugar de que cada cual asuma el rango de su bienestar según el sacrificio de su esfuerzo.
Es de gente sabia, como la andaluza, rehuir la responsabilidad de decidir y privar al que sufra las consecuencias del consuelo de culpar de sus desgracias al que decidió en su nombre.
lunes, 26 de marzo de 2012
A N D A L U C I A
El personal de aquella sucursal rezaba de manera teatral y llamaba trabajar a lo que para el resto del mundo era relajo y diversión.
Se achacaba a esas peculiaridades que su supervivencia dependiera de subvenciones que la Dirección General detraía de los beneficios obtenidos en delegaciones que entendían con rectitud el lema “ora et labora”, para las que el trabajo era una obligación fatigosa y la oración una devoción comedida.
En tiempos de bonanza, la Dirección pudo compensar las carencias de la delegación díscola con los beneficios de las dóciles pero una súbita crisis generalizada invirtió la situación y la viabilidad de la primera llegó a suponer una amenaza contra la de las demás.
Al personal de la sucursal cuya heterodoxa interpretación de las normas se había convertido en una amenaza para la supervivencia de todos se le dio un plazo razonable para que, como sus colegas, rezaran con devoción y trabajaran con dedicación.
Si no cumplían lo que se les pedía, les avisaron, dejarían de percibir los subsidios exteriores y serían expulsados de la organización.
Replicaron los amenazados que el costo económico que su peculiaridad suponía a la organización era insignificante.
Sugerían compararlo con el beneficio que la suavidad del clima, la amenidad del paisaje y la simpatía de los habitantes del lugar del enclave aportaban para que empleados destinados en lugares hostiles recuperaran en pocos días el equilibrio perdido durante meses de hosco trabajo.
El jefe de la Sucursal a la que se advertía que podría perder las subvenciones si persistía en rezar sin la devoción tradicional y trabajar sin la dedicación requerida pidió a los 109 concernidos que discutieran y concertaran una respuesta conjunta.
Tres propuestas se debatieron:
Un grupo de 50 aceptó combatir la gula, la molicie y la incontinencia sensual culpable de la poca eficacia de que la dirección se quejaba con la oración y el trabajo.
Otros 47 se declararon partidarios de ignorar lo que la Dirección pedía y seguir como si no nada hubiera pasado.
Los nueve restantes dijeron que el trabajo es un arma capitalista para explotar a la clase obrera. la oración una herramienta del fanatismo para enajenar al pueblo y que, para redimir sus crímenes, los explotadores deberían aumentar las subvenciones a los explotados.
Aunque eran más los partidarios de trabajar y rezar como Dios manda, los dos sectores minoritarios discrepantes tenían posturas más fácilmente conciliables.
Se unieron, conminaron a la Dirección General para que siguieran pagando y la disuadió de dar lecciones sobre el trabajo y la diversión si solo sabe apreciar lo primero y subestimar lo segundo.
Se achacaba a esas peculiaridades que su supervivencia dependiera de subvenciones que la Dirección General detraía de los beneficios obtenidos en delegaciones que entendían con rectitud el lema “ora et labora”, para las que el trabajo era una obligación fatigosa y la oración una devoción comedida.
En tiempos de bonanza, la Dirección pudo compensar las carencias de la delegación díscola con los beneficios de las dóciles pero una súbita crisis generalizada invirtió la situación y la viabilidad de la primera llegó a suponer una amenaza contra la de las demás.
Al personal de la sucursal cuya heterodoxa interpretación de las normas se había convertido en una amenaza para la supervivencia de todos se le dio un plazo razonable para que, como sus colegas, rezaran con devoción y trabajaran con dedicación.
Si no cumplían lo que se les pedía, les avisaron, dejarían de percibir los subsidios exteriores y serían expulsados de la organización.
Replicaron los amenazados que el costo económico que su peculiaridad suponía a la organización era insignificante.
Sugerían compararlo con el beneficio que la suavidad del clima, la amenidad del paisaje y la simpatía de los habitantes del lugar del enclave aportaban para que empleados destinados en lugares hostiles recuperaran en pocos días el equilibrio perdido durante meses de hosco trabajo.
El jefe de la Sucursal a la que se advertía que podría perder las subvenciones si persistía en rezar sin la devoción tradicional y trabajar sin la dedicación requerida pidió a los 109 concernidos que discutieran y concertaran una respuesta conjunta.
Tres propuestas se debatieron:
Un grupo de 50 aceptó combatir la gula, la molicie y la incontinencia sensual culpable de la poca eficacia de que la dirección se quejaba con la oración y el trabajo.
Otros 47 se declararon partidarios de ignorar lo que la Dirección pedía y seguir como si no nada hubiera pasado.
Los nueve restantes dijeron que el trabajo es un arma capitalista para explotar a la clase obrera. la oración una herramienta del fanatismo para enajenar al pueblo y que, para redimir sus crímenes, los explotadores deberían aumentar las subvenciones a los explotados.
Aunque eran más los partidarios de trabajar y rezar como Dios manda, los dos sectores minoritarios discrepantes tenían posturas más fácilmente conciliables.
Se unieron, conminaron a la Dirección General para que siguieran pagando y la disuadió de dar lecciones sobre el trabajo y la diversión si solo sabe apreciar lo primero y subestimar lo segundo.
miércoles, 21 de marzo de 2012
LA COMPETENCIA DESLEAL DEL ESTADO
Denunciar y condenar a los que se apropien o dilapiden dineros públicos no bastan para acabar con la infección social diagnosticada como corrupción.
Se dice que un organismo contrae una infección si lo invaden especies extrañas pero, si bacterias propias habitualmente inocuas desarrollan una virulencia dañina, la dolencia se diagnostica como infección endógena.
Los EREs falsos, las subvenciones fraudulentas, el dispendio en aeropuertos sin vuelos y la plaga de organismos públicos que justifiquen los salarios de sus directivos son síntomas de la infección endógena que aqueja a la sociedad.
Paliar los indicios de la dolencia es un tratamiento incompleto si no se combate su causa: la voracidad del Estado y su canibalización de la sociedad, que lo creó como una herramienta a su servicio.
Para que sea eficaz, el Estado debe arbitrar en los conflictos que enfrenten a sectores o individuos de la sociedad con intereses económicos, culturales, religiosos y laborales opuestos.
El arbitraje solo será eficaz si el estado- árbitro acredita su neutralidad entre los litigantes y respecto al asunto en disputa.
Por eso, el Estado debería renunciar a crear, adquirir o gestionar empresas que compitan con las de propiedad societaria o privada.
(Al difundirse que una mujer de 34 años solicitaba un piso de propiedad municipal, se supo que el Ayuntamiento de Palma del Río, de 21.000 habitantes, es propietario de 180 pisos).
Malo es que los administradores del municipio puedan caer en la tentación de rentabilizar electoralmente la concesión del uso de esos pisos, pero peor es la distorsión que esa administración estatal provoca en el mercado inmobiliario local, en que debería ser neutral.
(Los bancos españoles poseían a finales de Enero 229.000 de los casi 700.000 millones de la deuda pública del Estado Español, tras haber adquirido en los dos primeros meses del año casi 50.000 millones).
El Banco Central Europeo inyectó 52.432 millones de euros el pasado enero a la banca española, que destinó alrededor del uno por ciento a créditos comerciales y el resto a la compra de Deuda del Estado y a sanear sus balances.
Es malo que los funcionarios del Estado se apropien, malversen o derrochen dineros que se obtienen emitiendo deuda, pero es peor la distorsión que provoca en el mercado, en perjuicio de los clientes particulares, la competencia desleal del Estado en la obtención de fondos bancarios.
Television Española,subvencionada con fondos públicos y cuyos canales no emiten publicidad, acapara el diez por ciento del total de los telespectadores, que detraen de las audiencias de sus competidoras comerciales cuya supervivencia depende de los resultados economicos que la empresa obtenga gracias a los anuncios. Lo mismo ocurre con los oyentes de RNE, los terceros en número del dial radiofónico español.
Debería estar prohibido al Estado que sus funcionarios se inmiscuyan en negocios en los que compitan con empresas privadas.
Eliminar la tentación de manejar dinero limitaría el peligro de provocar el escándalo de la corrupción.
Se dice que un organismo contrae una infección si lo invaden especies extrañas pero, si bacterias propias habitualmente inocuas desarrollan una virulencia dañina, la dolencia se diagnostica como infección endógena.
Los EREs falsos, las subvenciones fraudulentas, el dispendio en aeropuertos sin vuelos y la plaga de organismos públicos que justifiquen los salarios de sus directivos son síntomas de la infección endógena que aqueja a la sociedad.
Paliar los indicios de la dolencia es un tratamiento incompleto si no se combate su causa: la voracidad del Estado y su canibalización de la sociedad, que lo creó como una herramienta a su servicio.
Para que sea eficaz, el Estado debe arbitrar en los conflictos que enfrenten a sectores o individuos de la sociedad con intereses económicos, culturales, religiosos y laborales opuestos.
El arbitraje solo será eficaz si el estado- árbitro acredita su neutralidad entre los litigantes y respecto al asunto en disputa.
Por eso, el Estado debería renunciar a crear, adquirir o gestionar empresas que compitan con las de propiedad societaria o privada.
(Al difundirse que una mujer de 34 años solicitaba un piso de propiedad municipal, se supo que el Ayuntamiento de Palma del Río, de 21.000 habitantes, es propietario de 180 pisos).
Malo es que los administradores del municipio puedan caer en la tentación de rentabilizar electoralmente la concesión del uso de esos pisos, pero peor es la distorsión que esa administración estatal provoca en el mercado inmobiliario local, en que debería ser neutral.
(Los bancos españoles poseían a finales de Enero 229.000 de los casi 700.000 millones de la deuda pública del Estado Español, tras haber adquirido en los dos primeros meses del año casi 50.000 millones).
El Banco Central Europeo inyectó 52.432 millones de euros el pasado enero a la banca española, que destinó alrededor del uno por ciento a créditos comerciales y el resto a la compra de Deuda del Estado y a sanear sus balances.
Es malo que los funcionarios del Estado se apropien, malversen o derrochen dineros que se obtienen emitiendo deuda, pero es peor la distorsión que provoca en el mercado, en perjuicio de los clientes particulares, la competencia desleal del Estado en la obtención de fondos bancarios.
Television Española,subvencionada con fondos públicos y cuyos canales no emiten publicidad, acapara el diez por ciento del total de los telespectadores, que detraen de las audiencias de sus competidoras comerciales cuya supervivencia depende de los resultados economicos que la empresa obtenga gracias a los anuncios. Lo mismo ocurre con los oyentes de RNE, los terceros en número del dial radiofónico español.
Debería estar prohibido al Estado que sus funcionarios se inmiscuyan en negocios en los que compitan con empresas privadas.
Eliminar la tentación de manejar dinero limitaría el peligro de provocar el escándalo de la corrupción.
lunes, 19 de marzo de 2012
ANDALUCIA: DERROTA INEVITABLE DE LA DERECHA
Sea el que sea el resultado de las elecciones andaluzas del 25 de marzo, y aunque el recuento de votos acredite una aplastante mayoría del Partido Popular sobre el Socialista, Andalucía seguirá gobernada por la Izquierda.
Es imposible que la Derecha gobierne porque todos los partidos proponen resolver la crisis que el excesivo intervencionismo estatal ha originado en la sociedad civil sin devolver al ciudadano la responsabilidad por las decisiones que determinen la calidad de sus vidas.
Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular coinciden en dejar al estado la responsabilidad de regular la vida del individuo, desde su concepción hasta la disposición de sus restos.
Los comunistas vergonzantes de Izquierda Unida tienen un programa socialdemócrata radical con románticos repartos de tierras y nacionalizaciones de actividades económicas sostenidas con subsidios públicos.
El Partido Socialista, que a regañadientes admite un sistema de economía mixta, representa la socialdemocracia dogmática y el Partido Popular, que ni concibe ni se atreve a proponer que la sociedad civil haga mejor y más barato lo que el Estado hace peor y más caro, es una socialdemocracia pragmática.
En ésta Andalucía, sumida en cavilaciones sobre la magnitud de la catástrofe que supondrá el resultado de las elecciones, la mayoría se contentaría con que el futuro no sea mucho peor que el presente.
Aparte de los que confían en algún cargo bien pagado como consecuencia del triunfo en las urnas de los suyos, pocas esperanzas de mejora esparcen los vientos primaverales en Andalucía.
Puede que sea porque, como la elección que se les propone es entre distintas modalidades de esa entelequia conocida como socialdemocracia, intuyen que todo seguirá igual.
Por ahora, nadie les ha propuesto ni a los españoles ni a los andaluces un programa de derechas: que el Estado, juez neutral de la sociedad, no distorsione su funcionamiento.
Que se limite el Estado a vigilar el cumplimiento contractual de las empresas adjudicatarias del respeto a la ley en el interior del territorio nacional y de la protección contra amenazas exteriores.
Todo lo demás (educación, sanidad, relaciones laborales, transacciones comerciales, etc), que lo deje en manos de la sociedad civil lo que, naturalmente, lo privará del derecho a sangrar a los contribuyentes.
En definitiva, lo imposible: el gobierno en Andalucía de la Derecha.
Es imposible que la Derecha gobierne porque todos los partidos proponen resolver la crisis que el excesivo intervencionismo estatal ha originado en la sociedad civil sin devolver al ciudadano la responsabilidad por las decisiones que determinen la calidad de sus vidas.
Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular coinciden en dejar al estado la responsabilidad de regular la vida del individuo, desde su concepción hasta la disposición de sus restos.
Los comunistas vergonzantes de Izquierda Unida tienen un programa socialdemócrata radical con románticos repartos de tierras y nacionalizaciones de actividades económicas sostenidas con subsidios públicos.
El Partido Socialista, que a regañadientes admite un sistema de economía mixta, representa la socialdemocracia dogmática y el Partido Popular, que ni concibe ni se atreve a proponer que la sociedad civil haga mejor y más barato lo que el Estado hace peor y más caro, es una socialdemocracia pragmática.
En ésta Andalucía, sumida en cavilaciones sobre la magnitud de la catástrofe que supondrá el resultado de las elecciones, la mayoría se contentaría con que el futuro no sea mucho peor que el presente.
Aparte de los que confían en algún cargo bien pagado como consecuencia del triunfo en las urnas de los suyos, pocas esperanzas de mejora esparcen los vientos primaverales en Andalucía.
Puede que sea porque, como la elección que se les propone es entre distintas modalidades de esa entelequia conocida como socialdemocracia, intuyen que todo seguirá igual.
Por ahora, nadie les ha propuesto ni a los españoles ni a los andaluces un programa de derechas: que el Estado, juez neutral de la sociedad, no distorsione su funcionamiento.
Que se limite el Estado a vigilar el cumplimiento contractual de las empresas adjudicatarias del respeto a la ley en el interior del territorio nacional y de la protección contra amenazas exteriores.
Todo lo demás (educación, sanidad, relaciones laborales, transacciones comerciales, etc), que lo deje en manos de la sociedad civil lo que, naturalmente, lo privará del derecho a sangrar a los contribuyentes.
En definitiva, lo imposible: el gobierno en Andalucía de la Derecha.
domingo, 15 de enero de 2012
EL SIESO GRIÑAN
Al que se las da de gracioso sin tener gracia lo llaman en Andalucía sieso que, además de la parte inferior del intestino recto, o ano, es como por aquí se define a quien tiene desabrido el carácter, el esaborío.
El sieso no lo es necesariamente a jornada completa, por lo que se ignora si lo que le ocurrió a José Antonio Griñán en Málaga el 11 de enero fue síntoma de la condición crónica de esaborío del presidente de la junta andaluza o un episodio asintomático de mala follá.
¿Qué qué le pasó a Griñán en Málaga?
Que, como era inevitable en medio del escándalo de los fondos públicos gastados en cocaina, putas y otras liviandades, un periodista le preguntó si Griñán se había enterado del destino fraudulento del dinero de los ERE aprobados mientras era consejero de hacienda.
--“Usted me está acusando”—replicó—“de un delito”.
Griñán, que prefirió a la amable figura retórica de la ironía la más cruel y agresiva del sarcasmo, pretendió zaherir al periodista insinuando que la pregunta era una acusación de que había encubierto un delito.
El todavía presidente de la Junta de Andalucía, en vez de dar una respuesta directa a la pregunta directa del profesional que se la hizo, pasó por alto que le preguntaban al funcionario público y no al ciudadano privado José Antonio Griñán.
La responsabilidad del ciudadano Griñán, si hubiera sabido que alguien malversaba fondos públicos asignados para financiar expedientes de regulación de empleo, se habría limitado a denunciar un delito para evitar que lo acusaran de encubrimiento.
Pero, como consejero de hacienda de la Junta de Andalucía, a José Antonio Griñán le pagaban para que fiscalizara el correcto empleo de las partidas que asignaba el gobierno regional del que formaba parte.
El periodista, al que le pagan para que pregunte y no para acusar a nadie, quería aclarar si el consejero Griñán sabía o no lo que se estaba haciendo con el dinero cuyo uso correcto le correspondía supervisar.
Si lo hubiera sabido, a quien le hubiera correspondido lo podría haber acusado de cómplice de un delito.
Si lo engañaron y se gastaron el dinero en algo para lo que no estaba destinado, debería haber dimitido en cuanto se enteró de que lo habían burlado.
Reconoció Carmen Martínez Aguayo que,cuando era viceconsejera de Economía y Hacienda, faltó a su obligación de informar a Griñán de que la intervención alertaba desde 2005 de que el sistema de gestionar los ERE era inadecuado.
En lugar de cesar o forzar la dimisión de Carmen Martínez Aguayo por omitir su obligación de alertar al consejero, Griñán la premió ascendiéndola y es todavía la titular de la consejería.
Sarcasmos aparte, Griñán y su sucesora deberían haber cuidado los bienes públicos que administraban con más esmero que si hubieran sido patrimoniales.
Griñán dijo, y no hay motivos para dudarlo, que no sabía en qué se empleaba el dinero de los ERE y su proclamada ignorancia es tan evidente como su demostrada ineficacia para administrar bienes públicos.
El sieso no lo es necesariamente a jornada completa, por lo que se ignora si lo que le ocurrió a José Antonio Griñán en Málaga el 11 de enero fue síntoma de la condición crónica de esaborío del presidente de la junta andaluza o un episodio asintomático de mala follá.
¿Qué qué le pasó a Griñán en Málaga?
Que, como era inevitable en medio del escándalo de los fondos públicos gastados en cocaina, putas y otras liviandades, un periodista le preguntó si Griñán se había enterado del destino fraudulento del dinero de los ERE aprobados mientras era consejero de hacienda.
--“Usted me está acusando”—replicó—“de un delito”.
Griñán, que prefirió a la amable figura retórica de la ironía la más cruel y agresiva del sarcasmo, pretendió zaherir al periodista insinuando que la pregunta era una acusación de que había encubierto un delito.
El todavía presidente de la Junta de Andalucía, en vez de dar una respuesta directa a la pregunta directa del profesional que se la hizo, pasó por alto que le preguntaban al funcionario público y no al ciudadano privado José Antonio Griñán.
La responsabilidad del ciudadano Griñán, si hubiera sabido que alguien malversaba fondos públicos asignados para financiar expedientes de regulación de empleo, se habría limitado a denunciar un delito para evitar que lo acusaran de encubrimiento.
Pero, como consejero de hacienda de la Junta de Andalucía, a José Antonio Griñán le pagaban para que fiscalizara el correcto empleo de las partidas que asignaba el gobierno regional del que formaba parte.
El periodista, al que le pagan para que pregunte y no para acusar a nadie, quería aclarar si el consejero Griñán sabía o no lo que se estaba haciendo con el dinero cuyo uso correcto le correspondía supervisar.
Si lo hubiera sabido, a quien le hubiera correspondido lo podría haber acusado de cómplice de un delito.
Si lo engañaron y se gastaron el dinero en algo para lo que no estaba destinado, debería haber dimitido en cuanto se enteró de que lo habían burlado.
Reconoció Carmen Martínez Aguayo que,cuando era viceconsejera de Economía y Hacienda, faltó a su obligación de informar a Griñán de que la intervención alertaba desde 2005 de que el sistema de gestionar los ERE era inadecuado.
En lugar de cesar o forzar la dimisión de Carmen Martínez Aguayo por omitir su obligación de alertar al consejero, Griñán la premió ascendiéndola y es todavía la titular de la consejería.
Sarcasmos aparte, Griñán y su sucesora deberían haber cuidado los bienes públicos que administraban con más esmero que si hubieran sido patrimoniales.
Griñán dijo, y no hay motivos para dudarlo, que no sabía en qué se empleaba el dinero de los ERE y su proclamada ignorancia es tan evidente como su demostrada ineficacia para administrar bienes públicos.
viernes, 13 de enero de 2012
CINCINATO Y LOS SOCIALISTAS ANDALUCES
Los socialistas andaluces viven sin vivir en ellos por la alta manera de vivir que podrían perder tras las elecciones de marzo.
Están convencidos de que, si los andaluces encargan a otros que tutelen el bienestar que los socialistas administran desde 1982, una era de desgracias bíblicas sucederá a la edad venturosa que todavía perdura.
Uno de esos socialistas que consiguen la felicidad propia gracias a la tutela del bienestar ajeno se escandalizaba hoy de lo mal que el gobierno de Mariano Rajoy está administrando la herencia recibida del zapaterato socialista.
El curriculum del quejumbroso acredita lo fundado de sus críticas: abandonó a los 23 años una prometedora carrera comercial para dedicar su vida al servicio público municipal, parlamentario y provincial , además de haber representado a su partido en la cúspide de una entidad bancaria.
La parasitación del servicio público es una forma de entender la vida, sin que la condicione el relumbrón del cargo ni la tentación de su recompensa material.
Aduciendo su experiencia como teniente de alcalde, diputado nacional, presidente de corporación municipal, vicepresidente ejecutivo de caja de ahorro y diputado provincial, el experimentado socialista estaba preocupado.
Temía que, si los electores cometen en marzo en Andalucía el mismo error en que incurrieron en noviembre en España, los andaluces serán esta primavera tan desgraciados como ya lo son los demás españoles.
Es éste amigo mío andaluz y socialista el reverso de un antepasado romano de su cultura, Lucio Quincio Cincinato, aquél patricio que, cuando una comisión del senado lo obligó a aceptar el cargo de dictador para salvar a Roma del asedio de los ecuos, volvió al, arado en cuanto cumplió su misión.
Mi amigo, el socialista andaluz, es un experto inventor de ecuos para ofrecerse a salvar Roma. Vive de eso desde que abandono el comercio (su arado) sin que le apetezca volver a empuñar la mancera.
Están convencidos de que, si los andaluces encargan a otros que tutelen el bienestar que los socialistas administran desde 1982, una era de desgracias bíblicas sucederá a la edad venturosa que todavía perdura.
Uno de esos socialistas que consiguen la felicidad propia gracias a la tutela del bienestar ajeno se escandalizaba hoy de lo mal que el gobierno de Mariano Rajoy está administrando la herencia recibida del zapaterato socialista.
El curriculum del quejumbroso acredita lo fundado de sus críticas: abandonó a los 23 años una prometedora carrera comercial para dedicar su vida al servicio público municipal, parlamentario y provincial , además de haber representado a su partido en la cúspide de una entidad bancaria.
La parasitación del servicio público es una forma de entender la vida, sin que la condicione el relumbrón del cargo ni la tentación de su recompensa material.
Aduciendo su experiencia como teniente de alcalde, diputado nacional, presidente de corporación municipal, vicepresidente ejecutivo de caja de ahorro y diputado provincial, el experimentado socialista estaba preocupado.
Temía que, si los electores cometen en marzo en Andalucía el mismo error en que incurrieron en noviembre en España, los andaluces serán esta primavera tan desgraciados como ya lo son los demás españoles.
Es éste amigo mío andaluz y socialista el reverso de un antepasado romano de su cultura, Lucio Quincio Cincinato, aquél patricio que, cuando una comisión del senado lo obligó a aceptar el cargo de dictador para salvar a Roma del asedio de los ecuos, volvió al, arado en cuanto cumplió su misión.
Mi amigo, el socialista andaluz, es un experto inventor de ecuos para ofrecerse a salvar Roma. Vive de eso desde que abandono el comercio (su arado) sin que le apetezca volver a empuñar la mancera.
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